En representación del oficialismo, el senador por Salta Rodolfo Urtubey cuestionó el pedido de licencia de la oposición, al considerar que no existe “una condena firme o juicio criminal” contra el vicepresidente que justifique su apartamiento del cargo.
El jefe de los senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, aclaró a su turno que “de ninguna manera” el oficialismo “minimiza ni subestima la importancia que el tema tiene”, pero advirtió que “no comparte” los reclamos de la oposición.
“Reconocemos en la oposición -observó no obstante- una actitud moderada y prudente durante todo este tiempo. No somos necios. Ha habido un respeto a la investidura del Vicepresidente y un normal desarrollo a las actividades de esta Cámara con la conducción del Vicepresidente”.
Pichetto explicó que no es intención de su bloque formular “una defensa de carácter jurídico” de Boudou porque -dijo- “no corresponde” aunque rechazó el pedido de licencia al entender que el Vicepresidente “no ha tenido actitudes tendientes a obstaculizar la marcha de la justicia desde esta Cámara”.
No obstante, advirtió que se trata de “una decisión” que está en manos del Poder Ejecutivo y ponderó el hecho de que Boudou ha comparecido y volverá a hacerlo el próximo viernes en los tribunales, lo que muestra que no pretende eludir la acción de la justicia.
En el inicio de la sesión, el presidente de la bancada de senadores del radicalismo, Gerardo Morales, había leído una nota dirigida al propio Boudou en la que los bloques de la oposición -con excepción del PRO- le solicitaron que tome licencia.
El documento fue firmado por los senadores de la UCR, el bloque del FAP que encabeza el socialista Rubén Giustiniani, los senadores por Córdoba Luis Juez y Norma Morandini, entre otros.
La senadora Gabriela Michetti (PRO), no suscribió el pedido de licencia pero adhirió a un pedido de juicio político que se promueve desde la Cámara de Diputados, al comparar el caso del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que fue sometido a un proceso de juicio tras ser procesado por el caso de las escuchas telefónicas ilegales.
