Tampoco podrán los funcionarios o empleados del Poder Judicial Nacional o Provincial, los integrantes en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad, del Servicio Penitenciario, los directivos de agencias de seguridad privada y quienes hubiesen sido cesanteados o exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal o de las fuerzas de seguridad.
Además estarán inhabilitados para ser jurado los abogados, escribanos y procuradores, los condenados por delito doloso, los imputados que se encuentren sometidos a proceso penal en trámite, los ministros de un culto religioso y las autoridades directivas de los partidos políticos.
Sobre la remuneración, la reglamentación de la ley señala que cuando se trate de empleados públicos o privados será “mediante declaratoria en comisión con goce de haberes, de carácter obligatorio para el empleador”.
En tanto que los trabajadores independientes o desempleados “podrán ser retribuidos a su pedido, con la suma de dos jus diarios (542 pesos)”.
Asimismo aclara que tanto para juicios de larga duración o en aquellos en que el jurado deba recorrer largas distancias para asistir, “el Estado les asignará a su favor una dieta diaria suficiente para cubrir sus costos de transporte y comida”.
