En un comunicado, la CAC destacó que “acompaña el esfuerzo del gobierno nacional en su objetivo de mejorar las cuentas públicas”, pero rechazó la propuesta de Recalde, a la que consideró “un 'castigo al éxito' que puede distorsionar las decisiones empresarias, desalentando las inversiones en nuevas tecnologías y desincentivando la innovación”.
“La medida podría contener un potencial perjuicio macroeconómico”, añadió, debido a que según el Ministerio de Trabajo, en 2012 “el 48,9 por ciento del empleo correspondió al sector de empresas cuyo nivel de facturación afectaría la normativa propuesta”.
De esa forma, entendió la CAC, “el aumento de las contribuciones de estas firmas implicaría desincentivar la generación de puestos de trabajo justamente en las firmas que son responsables de casi la mitad del empleo privado” en un contexto en el que “se ha desacelerado la generación de empleo”.
