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El Obispado de Morón expresa “dudas” sobre culpabilidad de Grassi

El Obispado de Morón manifestó hoy sus “dudas acerca de la culpabilidad del cura Julio César Grassi”, condenado a 15 años de prisión por abuso y corrupción de menores y encarcelado desde ayer, aunque señaló que “conforme a derecho” le aplicó la medida disciplinaria “de la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal”.
Grassi, quien gozaba hasta ayer de una situación de libertad morigerada, después de haber sido encontrado culpable en 2009 por el Tribunal Oral en lo Criminal N 1 de Morón, por dos hechos de abuso sexual contra uno de chicos de la Fundación Felices Los Niños, que dirigía, fue detenido ayer en un penal bonaerense tras 11 años de proceso, y tres fallos condenatorios.

En el comunicado, el Obispado señaló que “conforme a derecho, le aplicó (a Grassi) la medida disciplinaria de la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal, hasta tanto se resuelva definitivamente esta situación y elevó a la Santa Sede un informe y una investigación”.

El texto del comunicado señala que “contando con el asesoramiento de estudiosos especializados, se desprenden dudas acerca de la culpabilidad del P. Julio Grassi, así como del 'peligro de fuga' siendo que él (Grassi) residió durante mucho tiempo sin alejarse de la vivienda declarada como su domicilio personal”.

Para el teólogo, filósofo y ex sacerdote Rubén Dri, si la Iglesia “duda de la culpabilidad” del cura condenado “solo continúa demostrando que lo que hizo todo este tiempo fue protegerlo”.

“La Iglesia debería pronunciarse públicamente además de aplicarle la suspensión 'a divinis', que lo inhabilita para ejercer funciones sacerdotales”, sostuvo el teólogo en diálogo con Télam.

Dri explicó que “según el derecho canónico, la suspensión 'a divinis' los inhabilita para oficiar misa y administrar los sacramentos, que son el bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación, el matrimonio y la extremaunción”.

“Por los delitos que ha cometido, Grassi ha recibido la solidaridad de la Iglesia y eso le ha permitido ser impune mucho tiempo”, sostuvo el ex sacerdote y filósofo, en referencia a estos once años que duró el proceso.

Para Sergio Piris, representante del joven por cuyos casos fue condenado Grassi, “el cura siempre se sintió muy cómodo porque estuvo protegido por la Iglesia y hoy demuestra que lo sigue haciendo”.

Por su parte, el abogado Hernán Patiño Mayer, integrante de Cristianos Por el Tercer Milenio, señaló que “condenamos cualquier tipo de abuso cometido por la Iglesia Católica, y consideramos que hay que investigarlo a fondo”.

Sin embargo, “consideramos que la Iglesia está dando un vuelco en este aspecto, que pasó del ocultamiento a una actitud más transparente y que es impulsada por el Papa Francisco”, dijo Mayer a Télam, aunque prefirió no opinar sobre las declaraciones del Obispado de Morón.

Para el nuevo obispo de Bariloche, José Chaparro, la Iglesia Católica “ahora es más exigente y actúa con rapidez” respecto de casos de abuso sexual, y dijo que en el caso de Grassi “la justicia debe seguir sus pasos”.

“Esos casos son lo que no queremos que sucedan nunca y cuando ocurren todos tenemos que actuar con celeridad, y los medios informar lo mejor posible, en forma acabada, apostando a la verdad”.

En tanto, César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) dijo a Télam que “la detención de Grassi nos permite confiar un poco más en la justicia ya que termina con la impunidad de los delitos de abuso de menores”.

Para el dirigente, las “dudas” planteadas por el Obispado de Morón “ratifican la denuncia de la CHA sobre la complicidad que tuvieron sistemáticamente los obispos frente a las denuncias de abusos a menores”.

“Esperamos que en algún momento condenen y repudien estos actos y que protejan a las víctimas, respetando lo resuelto por la justicia argentina”, sostuvo Cigliutti.

Ayer el TOC N1, integrado por Mariana Maldonado, Pablo Lucero y Claudio Cheminade, quenes asumieron en forma reciente sus cargos dispusieron la inmediata detención de Grassi, que residía en un domicilio enfrente de la Fundación Felices Los NIños, donde tres víctimas -Gabriel, Ezequiel y Luis- denunciaron que sucedieron los abusos.

En este sentido, el Obispado dejó “constancia que la Fundación Felices los Niños es una entidad civil, obra del P. Grassi, y no depende de este Obispado”.

“En su momento, este sacerdote fue el encargado del asesoramiento espiritual de esa obra. Su función pastoral en esta Diócesis fue la de acompañar a una parroquia en la localidad de Ituzaingó, de la cual fue separado al iniciarse este juicio”.

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