"Se confirmará la libertad provisional de los encartados, temperamento que es justamente el que fuera adoptado en autos en todo momento, ya que no se da ninguno de los dos supuestos que autorizan a dictar la prisión preventiva", es decir peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, explicó Bonadio, quien embargó los bienes de los procesados en la suma de 50.000 pesos más 69,67 de tasa judicial.
Bonadio recordó que la causa se inició por denuncia de Jorge Todesca, como presidente de “Finsoport SA Economía y Finanzas” quien denunció que su empresa fue objeto de "una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados".
En una resolución de 48 carillas, el juez concluyó que "los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport SA de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido".
En esa línea de análisis Bonadio apuntó que "se la multó con el máximo de la previsión de la norma invocada ilegalmente, y cuando tal intención incluso es tangencialmente reconocido por los propios responsables -solo que justificándolo en una visión subjetiva y arbitraria de la cuestión- no es mucho lo que a ello puede agregarse".
Fuentes de la Secretaria de Comercio Interior, en tanto, indicaron que apelarán la resolución de Bonadio.
