Durante los procedimientos en dependencias policiales y domicilios particulares de San Miguel en los que se secuestró documentación vinculada con la investigación, se encontraron a 33 mujeres de nacionalidad paraguaya y argentina en situación de trata de personas.
Fuentes vinculadas a la investigación revelaron que el ex policía Vara cobraba 700 pesos semanales para garantizar protección a cada privado.
Asimismo se pudo saber que también se investiga la presunta complicidad de funcionarios municipales que habrían permitido el funcionamiento de los locales en los que fueron halladas las mujeres secuestradas.
Los allanamientos fueron dispuestos por la jueza federal María Servini de Cubría en el marco de una investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo, quien se encuentra de licencia.
