A la salida de las dependencias de la Justicia penal, Cascallares recordó que “pusimos en marcha planes de pagos, los intimamos, convocamos a las federaciones que representan a los colegios y al gremio Sadop, e iniciamos más de 200 juicios de apremio. Ahora iniciamos la primera tanda de denuncias penales en el marco de la Ley Penal Tributaria”.
Cascallares insistió: “Por indicación del gobernador Daniel Scioli, vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para defender a los trabajadores y a nuestra Caja previsional”.
Los colegios cuyos propietarios fueron denunciados penalmente son de Mar del Plata, Morón y Monte Grande. Entre las tres empresas, que funcionan en zonas acomodadas y cobran importantes cuotas, adeudan más de $3 millones en concepto de aportes previsionales no efectuados.
Tras efectuar la denuncia, el fiscal de Estado Hernán Gómez, explicó que “ la Provincia se presentó como particular damnificado porque se trata de fondos que tendrían que haber ingresado a través del IPS y las medidas las tomará el fiscal que va a actuar en esta causa” y agregó: “Acá estamos hablando de evasión de cargas previsionales”.
El Artículo 9° de la Ley Penal Tributaria dispone: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase los $20 mil por cada mes”.
En ese contexto, el IPS realizó una exhaustiva evaluación de cada establecimiento educativo con deuda previsional y se definió que tres colegios eran pasibles de una denuncia penal. ¿La consecuencia? Sus propietarios podrían ser condenados por la Justicia a una pena de entre dos y seis años de prisión.
El delito que estarían cometiendo quienes retienen aportes previsionales se denomina "apropiación indebida de recursos de la seguridad social".
