"Esta pretensión de que Chile va a ser obligado a tomar una parte del territorio para entregárselo y regalárselo al país de al lado, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo", subrayó, citado por la agencia DPA.
Una declaración oficial de la cancillería de Chile ya señaló ayer que lamentaba profundamente que "Bolivia haya iniciado esta acción carente de fundamentos de hecho y de derecho", y defendió que no está obligado a negociar un acuerdo para ceder soberanía a Bolivia únicamente por la demanda interpuesta por ese país en la CIJ.
Por su parte, Bolivia se centra en lo que llama promesas incumplidas por Chile en tratativas pasadas, como la de 1975, cuando Santiago estuvo de acuerdo con ceder una salida soberana al mar a través de un canje de territorios, según un documento del Gobierno divulgado hoy por el diario paceño La Razón.
El documento señala que por consejo de expertos internacionales, se decidió el argumento jurídico del litigio debe centrarse en los "derechos expectaticios", es decir, las promesas incumplidas en tratativas pasadas como la de 1975 entre los dictadores Pinochet, de Chile, y Banzer, de Bolivia.
En ese sentido, el que fuera canciller de Banzer durante su segundo y democrático mandato (2000-2002), Javier Murillo, recordó que los "derechos expectaticios" serían las notas intercambiadas por los gobiernos de ambos países en 1950.
Pero agregó, citado por la agencia ANSA, que la negociación que tuvo mayor avance fue en 1975 cuando Pinochet y Banzer "intentaron un intercambio territorial en base a un corredor y un enclave con soberanía que se consultó incluso con Perú".
Tanto en las notas de 1950 como en la frustrada negociación de 1975 "hubo un compromiso formal de Chile de abrir un proceso encaminado a resolver en términos de soberanía el problema de nuestra mediterraneidad, que fue incumplido", según Murillo.
Como parte de ese compromiso ambos países restablecen ese año en el pueblo fronterizo de Charaña las relaciones diplomáticas rotas en 1962, cuando Chile desvía las aguas internacionales del río Lauca.
Y nada casualmente, al fracasar esas negociaciones por una salida al mar, se vuelven a romper las relaciones diplomáticas en 1978.
"El derecho internacional abre la posibilidad de que un Estado reclame a otro el cumplimiento de lo que estima que es una promesa incumplida. Ese reclamo es tan válido como alegar el incumplimiento de un tratado, de algo escrito", dice el texto del documento difundido hoy por la prensa paceña en una de sus justificaciones.
Con este sustento, Bolivia espera un fallo favorable, ya que, según el documento, el tribunal internacional desarrollará un juicio sencillo en el que no habrá perdedores.
"La Corte (de La Haya) no tendría que fallar en contra de ninguna parte, simplemente deberá sancionar un fallo que marque un contexto, con tiempos incluidos, en el que se debe llevar adelante ese diálogo", para cumplirse con lo prometido, explica el oficio.
Por eso, el documento que ayer leyó el canciller boliviano, David Choquehuanca, tras presentar la demanda de su país a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya solicita que ese tribunal "falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico. Esta solicitud no se basa en el Tratado de 1904".
Pese al rechazo de la cancillería chilena a negociar con Bolivia tras su demanda en La Haya, la CIJ aclaró hoy que es la "única" que puede decidir sobre jurisdicción en un contencioso de un Estado contra otro.
"En el caso de que un Estado no acepte la base jurídica de una demanda presentada en su contra por otro Estado, debe hacérselo saber mediante un escrito a la Corte", explicaron fuentes de la CIJ citadas por la agencia EFE, que aclararon que sería el tribunal el que decidiría en última instancia.
Por su parte, el candidato presidencial por el Partido Progresista (PRO) chileno, Marco Enríquez-Ominami, reconoció a Télam, en su paso por Buenos Aires, que "para la cuestión del reclamo de Bolivia la mejor solución la había dado un monstruo: (el exdictador, Augusto) Pinochet", en 1975.
Aclaró que lo dice "sin problemas, porque nadie puede pensar que soy pinochetista", ya que constituyó su fuerza como un desprendimiento de la hoy opositora Concertación de centroizquierda.
Enríquez-Ominami, fue más lejos y propuso que "si Perú y Chile entregan cinco kilómetros cada uno en su frontera común, Bolivia tendría un corredor propio de salida al mar, pero esta cuestión requiere de la decisión tanto nuestra como de Perú, que, además, ya no seríamos países limítrofes".
