“Hasta tanto se complete el procedimiento expropiatorio”, se le concede a la AFIP el uso de los bienes, “incluyendo el inmueble en que se asienta su planta, a Sociedad del Estado Casa de Moneda”.
En los considerandos, se explicó que “corresponde profundizar las acciones destinadas a la concreción de los objetivos perseguidos con la Ley Nº 26.761, mediante la cual se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana S.A.”, autorizando al Ejecutivo a ejercer “todos los derechos que la titularidad de los bienes del objeto expropiado le confieren”.
Los créditos de la AFIP contra la imprenta “deberán afectarse a la compensación establecida en el artículo 3° de la Ley Nº 26.761, quedando hasta tanto suspendidas las obligaciones y ejecuciones fiscales en trámite”.
El artículo tercero instruye al Tribunal de Tasaciones de la Nación “a estimar el justiprecio de los bienes” de la empresa.
El 22 de agosto último, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva por amplia mayoría a la ley que declara de “utilidad pública y sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana SA, con el voto del oficialismo, sus aliados y parte de la oposición parlamentaria. La norma fue aprobada por 145 votos afirmativos contra 78 negativos y 4 abstenciones.
El vicepresidente Amado Boudou aseguró el pasado 7 de febrero que “ni loco” pensó en renunciar tras las acusaciones en su contra.
En la causa Ciccone se investiga a Boudou por negociaciones incompatibles con sus tareas de funcionario público porque se habría interesado en el salvataje de la imprenta, que quedó a cargo de Alejandro Vandenbroele, a quien su ex mujer acusó de ser el testaferro del ex ministro de Economía.
