Los manifestantes se reunirán en la plaza San Martín, Diagonal 80 y calle 50, a pocos metros de las oficinas del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (CRAP).
El movimiento critica a los funcionarios del CRAP, Fernando Oliva y Marián Farías Gómez, porque "están aprobando una serie de cuestionados estudios de impacto presentados por las desarrolladoras inmobiliarias, en el marco de emprendimientos sobre humedales que desde los '90 destruyen espacios ancestrales de los pueblos originarios".
La entidad fue recibida por esos funcionario a quienes entregó documentos en respaldo de su punto de vista, en particular, "un peritaje antropológico y la opinión de otros respetados especialistas también críticos con el rol del organismo", dijo el Movimiento.
Para el viernes próximo está prevista una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, por una medida cautelar que frena obras en distintas parcelas debido a la posible destrucción de sitios sagrados de los pueblos originarios.
La medida fue dictada en septiembre de 2011 por la magistrada Delma Cabrera.
El Movimiento sospecha que estudios de impacto firmados por Daniel Loponte y aprobados por los funcionarios mencionados podrían constituirse en "la carta ganadora de la empresa Eidico", que desarrolló barrios privados en la zona en cuestión, para que la medida cautelar quede sin efecto.
Este movimiento mantiene desde hace tres años un campamento en el sitio en cuestión, denominado Punta Querandí, donde afirma que hay indicios de un cementerio indígena, y pide que sea mantenido como lugar público, que muchos visitantes aprovechan además para recreación.
