“La politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria”, sostuvo en una declaración ante el debate planteado por la primera mandataria en la asamblea legislativa.
“Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia”, subrayó.
El organismo eclesial dijo que “los argentinos debemos aprender a convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo a aniquilar, sino un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, y no del todo o nada”.
Asimismo, señaló que “una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias”.
“Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más necesitados. En la Argentina, en general solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad”, explicitó.
Tras asegurar que “la lentitud de los procesos judiciales, afecta en mayor medida a quienes no tienen tiempo ni recursos para aguardar su resultado”, estimó que “después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar”.
La Comisión se pronunció también en contra de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, por considerar que convertirá “a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias”.
“Antes que reformar el Consejo, lo que urge es que éste cumpla cabalmente sus funciones, convocando o acelerando los concursos a su cargo”, reclamó.
El organismo exigió al Poder Ejecutivo llenar “las decenas de vacantes de jueces que hoy existen pese a que los concursos correspondientes estén terminados hace mucho”.
“La subsistencia de demasiados jueces subrogantes, sin estabilidad y que dependen del Poder Ejecutivo para acceder definitivamente a su cargo, es una anomalía que no debe mantenerse”, aseveró.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz estimó que “el incipiente debate planteado, muestra ya una polarización, que va camino de formar bandos enfrentados e inconciliables”.
Afirmó también que con la creación de nuevas instancias judiciales se estarían creando tribunales superiores a los existentes, con jueces designados a gusto de las actuales mayorías en la autoridad política.
Con respecto a los mecanismos de ingreso al Poder Judicial, defiende concursos transparentes en oposición a los sorteos y “amiguismos”.
Asimismo, cuestionó el impulso de prohibir las medidas cautelas, entendiéndolas como medidas que actúan como “última esperanza para muchos ciudadanos frente a la arbitrariedad o el abuso de poder”.
La Comisión Nacional Justicia y Paz es presidida por el laico Gabriel Castelli y cuenta con el asesoramiento eclesiástico de los obispos Jorge Casaretto y Joaquín Sucunza.
