La nota pide "reevaluar la 'concesión' otorgada a un equipo de arqueólogos que desde hace cuatro años realiza excavaciones y prospecciones con el financiamiento de algunas desarrolladoras de barrios privados".
"Planteamos que dichos especialistas no están cumpliendo con las normas nacionales, internacionales y códigos de ética de la comunidad arqueológica en lo que respecta a los derechos indígenas y de los pobladores locales”, dice la carta.
El escrito fue respaldado por un peritaje antropológico realizado por Morita Carrasco sobre el sitio Punta Querandí, en el partido de Tigre, donde el Movimiento encontró vestigios de un cementerio ancestral parcialmente destruido por "countries" y reclama su protección.
También fue acompañado con un documento del Observatorio de los Derechos Indígenas y Campesinos, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, firmado por el decano y arqueólogo Rafael Curtoni.