La norma provincial de "muerte digna" establece que "toda persona que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estadio terminal o de agonía tiene el derecho a manifestar, y que sea respetada su voluntad, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos y/o de reanimación artificial, cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y/o sufrimiento desmesurado".
Asimismo, considera "válida la manifestación de voluntad de toda persona capaz, realizada en instrumento público y ante un escribano de registro en la que manifieste su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos y/o de reanimación artificial, en caso de que en un futuro le acontecieran los supuestos descriptos".
La ley dispone que "la declaración de voluntad es revocable en cualquier momento solamente por quién la manifestó, sin formalidad alguna, no pudiendo ser desconocida o revocada por representantes, familiares, personal sanitario, ni autoridad o persona alguna".
Para el caso de pacientes que no pudieren firmar su voluntad, el proyecto señala que "lo hará su representante legal o cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes consanguíneos hasta el segundo grado".
Afirma que "ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa".
Por último, sostiene que el médico podrá optar por no participar en la decisión del paciente, pero aclara que "el establecimiento de salud deberá suministrar de inmediato la atención de otro profesional de la salud que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento".
El proyecto de "muerte digna" fue aprobado en el Congreso de la Nación tras conocerse públicamente el caso de Selva Herbón, mamá de Camila, una bebé de tres años que nació muerta, fue reanimada y vivió sin ver, caminar, hablar, respirar por sus propios medios y sentir hasta el 6 de junio cuando fue desconectada del respirador.
