El proyecto, que ahora debe ser tratado en Diputados, mantiene al procurador como jefe de los fiscales pero le quita su autoridad sobre los defensores oficiales ya que se la otorga al Defensor General.
Establece que a fin de asegurar su autonomía funcional y autarquía financiera “la Defensa Pública contará con un porcentaje de la totalidad de los recursos previstos para el Ministerio Público suficiente para dar cumplimiento efectivo a las funciones que le asigna la ley”.
Precisa que el Defensor General es responsable del adecuado funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y por lo tanto tiene potestades y atribuciones de definir políticas de la defensa pública, y dictar instrucciones generales y particulares con autonomía funcional.
El proyecto consigna también que el Defensor deberá realizar la evaluación de gestión de cada uno de los órganos integrantes del Ministerio Público de la Defensa, en cuanto a la calidad, eficiencia y eficacia de la misma, determinando reglamentariamente estándares, considerando los indicadores que se determinan en la presente, las particularidades de cada órgano y de los procesos en los que entienden.
Equipara los niveles salariales del Defensor General y Subdefensor General a los del Procurador General y subprocurador y establece que hasta que se efectivice la designación de estos nuevos funcionarios los recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán interpuestos o sostenidos por el Defensor ante el Tribunal de Casación.
El senador del Frente para la Victoria, Santiago Carreras explicó que el proyecto “viene a poner más igualdad en la provincia de Buenos Aires” y aseguró que “legislamos de cara a una sociedad que nos pide que innovemos”.
En tanto, la titular del bloque del FPV, Cristina Fioramonti precisó que el proyecto “forma parte de un grupo de iniciativas que impulsamos en el Senado, como fue la policía judicial” y agregó que ahora analizamos “reformas a la Ley de Jury, al Consejo de la Magistratura y un régimen de ética para funcionarios y magistrados”.
La legisladora dijo además que el proyecto “busca saldar una deuda con los ciudadanos para darle autonomía a la defensa pública, en un sistema acusatorio en el que teníamos bajo la misma jefatura a defensa y acusación”.
