El navío realizó una escala en Tema como parte de su viaje de instrucción y el 2 de octubre se le impidió abandonar el puerto por decisión de una corte de Ghana, que acató un pedido de embargo trabado por un grupo inversor de las Islas Caymán, que reclama el cobro de unos 370 millones de dólares por parte de Argentina.
La detención del buque de la Armada Argentina provocó una crisis en el área de Defensa que terminó con la renuncia del jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Carlos Alberto Paz, luego de que el gobierno sancionara a dos oficiales investigados por la retención de la fragata.
El gobierno argentino sostiene que la retención de la fragata constituye una violación a la Convención de Viena, ya que los navíos militares están protegidos por inmunidad diplomática.
El pedido de embargo fue interpuesto por el fondo de inversión NML Capital.
Este grupo posee papeles de la deuda argentina pero no aceptó participar de los canjes y reestructuraciones realizados entre 2005 y 2010.
