Se trata del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y de Carla Regis, hija del ingeniero Carlos Regis, asesinado durante un asalto en Béccar, en 2008, por dos delincuentes.
Siete meses antes de ese hecho, Sal Lari había excarcelado bajo caución juratoria a uno de los ladrones, Sebastián Bordón, imputado de portación ilegal de arma de fuego y no recibió objeción de la fiscalía.
La familia Regis, apoyada por Posse, denunció a Sal Lari con el argumento de que si no se hubiera dado la libertad a Bordón, el homicidio no hubiera ocurrido, pero la defensa del juez considera esa postura "débil" porque un magistrado no puede hacer "futorología".
Igual postura adoptó para no acusar al juez la Procuradora General, María del Carmen Falbo, que adujo que el ordenamiento procesal vigente "no contiene ninguna disposición que impida conceder la excarcelación valorando específicamente el peligro de reiteración delictiva".
En una resolución firmada en las últimas horas, el presidente de la Suprema Corte y del Jurado, Eduardo de Lázzari, notificó a Sal Lari y al jury sobre la presentación de Posse y Regis y les fijo a ambos una caución de 180.000 pesos para garantizar las costas del juicio, explicó a Télam una fuente judicial.
Además, De Lázzari pidió que se convoque a los 30 testigos propuestos, entre ellos varios jueces y camaristas de San Isidro, quienes declararan el 30 y 31 de julio desde las 9 en el anexo del Senado, en calle 7 y 49.
Sal Lari fue suspendido en su cargo en abril del año pasado, luego de que el jury decidió acusarlo por una de las 11 causas por las que lo habían denunciado: el denominado "Caso González".
El juez está acusado por no haber efectivizado, luego de siete meses, la libertad concedida en 2005 a un imputado llamado Jorge González, a quien la sala III de la Cámara Penal de San Isidro le había revocado la prisión preventiva ordenada por Sal Lari.
Al iniciarse el juicio la semana pasada, la Comisión Bicameral desistió de la acusación porque después de que el juez fuera suspendido, la misma Cámara lo sobreseyó en la causa penal que se le había iniciado por no liberar al detenido.
Sin embargo, el jurado, integrado por cinco legisladores abogados y cinco letrados de matrícula, rechazó por mayoría ese planteo y resolvió dar traslado de las actuaciones a Posse y Regis, quienes en caso de ser aceptados, ahora podrán retomar la acusación.
Al presentar su defensa ante el jury el año pasado, Sal Lari había explicado que la orden de libertad del detenido González fue confeccionada y despachada a la seccional por la secretaria del juzgado y fue recibida por la Policía.
Sin embargo, el imputado salió libre recién siete meses después, lo cual derivó en una sanción disciplinaria de 15 días por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) a la secretaria, ya que se entendió que no controló la acción policial.
