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El gobierno denunció a Moyano por “amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de servicios públicos”

El Gobierno Nacional denunció hoy al titular del gremio camionero y de la CGT, Hugo Moyano; a su hijo Pablo -subjefe del sindicato- y al resto de los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros por los delitos de "amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos" por las medidas sindicales que afectaron la distribución de combustible.
La denuncia fue presentada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y por la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, que calificaron el paro como "un ejercicio abusivo del derecho a huelga".

En tanto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, denunció al presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Luis Morales, por la presunta violación de la ley de soberanía hidrocarburífera que declaró de interés público y nacional el transporte de hidrocarburos.

Los Moyano fueron denunciados por delitos que tienen una pena máxima de hasta 16 años de prisión y, horas después de presentada, Randazzo y Abbona la ratificaron en persona en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, por lo que el juez federal Sergio Torres quedó en condiciones de dar los primeros pasos en el expediente, que será pedirle al fiscal Gerardo Di Masi si impulsa la investigación.

El Gobierno denunció que además de un reclamo salarial, el gremio de camioneros "pretende conseguir que los órganos gubernamentales competentes dispongan modificaciones a los regímenes normativos aplicables al Impuesto a las Ganancias y a las Asignaciones Familiares".

"Ello expone a las claras que estamos frente a un ejercicio abusivo del derecho a huelga, no tutelado por el ordenamiento jurídico; así las cosas, estas medidas son empleadas con el claro propósito de ejercer compulsión en miras de obtener concesiones de la contraparte empresaria y de los poderes públicos", sostuvieron los funcionarios en la denuncia.

Por esa situación, uno de los delitos por los que los Moyano fueron denunciados es el que contempla el artículo 149 ter del Código Penal, que agrava la pena para las amenazas en caso que "tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos".

El Gobierno denunció que los camioneros comenzaron un paro de 72 horas violando la conciliación obligatoria que dictó el lunes el Ministerio de Trabajo y cuando está vigente el acuerdo salarial firmado el año pasado que vence el próximo 30 de junio.

Agregó que el paro "ha impedido el normal desarrollo de los servicios de transporte con su natural implicancia negativa para el desenvolvimiento de la actividad económica general del país".

Así, sostuvo que su continuidad va a afectar "no sólo en la actividad económica sino también en la atención de necesidades primarias de la población, vinculadas con los derechos más elementales (la vida, la salud, el acceso a la alimentación)".

Fuentes judiciales informaron a DyN que el juez Torres le enviará mañana la denuncia al fiscal Di Masi para que dictamine si impulsa su investigación, y en ese caso qué medidas de prueba sugiere para avanzar, o si pide su archivo.

Por su parte, De Vido denunció al empresario Morales por el entorpecimiento de los servicios públicos, al entender que se violó la ley 26.741 que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos y expropió el 51 por ciento de las acciones de YPF y Repsol.

La norma considera de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos".

La denuncia quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González.

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