La pena fue inferior a la solicitada en los alegatos por la fiscal Alejandra Toymil, que había reclamado 33 años.
"A pesar de que veintidos años son unos cuantos años, a nosotros nos han destruido de por vida, no tenemos más días de festejo, no tenemos más cumpleaños ni nada. Estamos destruidos y no creo que nos podamos levantar algún día", sostuvo Rubén Almirón, padre de Sandra.
El hombre aclaró que igual estaba "conforme porque la fiscal ha trabajado bastante bien y los jueces también".
Durante el juicio, se dio por acreditado que el 28 de noviembre de 2009 la docente fue abordada por tres personas -dos menores y un mayor de edad- cuando llegaba a su casa de Los Chingolos 1719, Derqui, partido de Pilar, a bordo de su Chevrolet Corsa verde.
Aparentemente, los tres estaban escondidos entre los arbustos que hay en la esquina de la casa, donde la iluminación era escasa, y cuando la maestra abría el portón la atacaron a golpes mientras se encontraba en total estado de indefensión.
Luego, a pesar de que la mujer estaba sola, le efectuaron un balazo por la espalda con un revólver calibre .38, el cual nunca fue encontrado por los investigadores.
Tras el ataque, los agresores escaparon con su auto, el cual luego fue encontrado abandonado en José C. Paz, mientras que la víctima fue llevada al Hospital Austral de Pilar por un vecino, aunque murió.
En los alegatos, la fiscal dio por probado que Soto intervino en el hecho porque él mismo así lo confesó en el juicio, aunque el acusado dijo que no fue a asaltar a la docente sino que se quedó escondido en la esquina y luego sus cómplices lo pasaron a buscar en el auto.
Soto declaró que esa noche había salido a robar con otros dos jóvenes por otro barrio, pero como no habían podido asaltar a nadie, fueron a la zona de Derqui donde vivía la maestra, a quien sorprendieron cuando regresaba de la casa de sus padres.
Según la versión del acusado, los dos adolescentes fueron a robar el auto, él vio un forcejeo, luego que le dispararon a la mujer y cuando huían lo pasaron a buscar en el auto de la víctima.
Pero la fiscal descartó esa versión en base a la declaración de vecinos de la cuadra que escucharon los gritos de Almirón, salieron a la calle o miraron desde sus ventanas lo que ocurría y vieron que tras los disparos el auto salió a toda velocidad hacia la ruta sin detenerse.
Por este mismo hecho, un joven que tenía 15 años al momento del crimen no pudo ser juzgado por ser inimputable, en tanto que otro de 16 fue hallado responsable y en diciembre último se le aplicó una pena de cinco años de prisión.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil de Pilar, que consideró que el adolescente tuvo participación en el robo pero no en el crimen de la maestra.
Por eso, se le aplicó la figura de "robo calificado por el uso de armas" en un fallo unánime dictado por los jueces Alejandro Flori, Alberto Villante y Mirta Ravera Godoy.
Esos mismos magistrados, en noviembre de 2010, habían declarado al adolescente coautor del homicidio de Almirón y habían resuelto diferir la aplicación de la pena para cuando cumpliera 18 años.
Sin embargo, la sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro entendió que sólo había pruebas suficientes para atribuirle el robo y ordenaron al tribunal que fijara la condena en base a ese delito.
Esa decisión fue apelada por la fiscal Toymil ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que tiene el caso bajo estudio.
"Quiero que se revea la condena al menor porque es un asesino y que sepan las autoridades que no se puede vivir así. Quiero que el Gobierno tome alguna medida y que los menores se sientan perseguidos alguna vez porque ahora los perseguidos somos nosotros", sostuvo el padre de Sandra.
El crimen de Almirón fue el segundo caso de una serie de tres que tuvieron como víctimas a mujeres interceptadas por delincuentes que intentaron robarles el auto a fines de 2009: una fue la arquitecta y catequista Renata Toscano (43) y la otra la bioquímica Ana María Castro (54).
