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Destacan positiva la iniciativa de impulsar juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires

El presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Héctor Granillo Fernández, consideró positiva la iniciativa del Poder Ejecutivo bonaerense de impulsar el funcionamiento de juicios por jurados en el ámbito del fuero Penal en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de ley para su implementación, ya previsto en la reforma constitucional de 1994, de acuerdo a lo anticipado por el gobernador Daniel Scioli, será remitido a la Cámara de Senadores durante el transcurso de esta semana para que las comisiones de competencia comiencen a analizarlo.

Granillo Fernández dijo que el juicio por jurado "reafirmaría la forma republicana de gobierno y permitiría la "imparcialidad y la independencia" en las decisiones y agregó que "la forma republicana exige participación popular y soberanía del pueblo" pero "nos hemos acostumbrado a que éste no se manifieste en relación a las decisiones".

Opinó que los juicios por jurados se traducirían en la "descentralización de la decisión y la participación del pueblo en la visión de los hechos y en el veredicto -inocente o culpable-" aunque no en la sentencia que quedará a decisión de los jueces.

Aseguró que la Provincia está "absolutamente preparada" para implementar ese sistema y que además "debe hacerlo", ya que "el Poder Judicial es el único que no tiene representación popular, acorde a la forma republicana de gobierno, como sí lo tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo, con la elección de sus miembros".

Si bien no se conoce el texto del proyecto que está siendo elaborado por especialistas, el jurado estaría compuesto por ciudadanos comunes, que establecerían una decisión en juicio de inocencia o culpabilidad, mientras que el trabajo de los jueces sería el de dictar sentencia.

Granillo Fernández explicó, además, que las personas que integren el jurado, que posiblemente sean 12 aunque depende de la reglamentación, serán sorteados del padrón electoral y revestirán en ese sentido una carga pública.

"Los ciudadanos están preparados para ir a la guerra, para votar, para casarse, para tener hijos; ¿por qué no van a poder decidir si algo ocurrió o no?, se preguntó el especialista para luego sostener "es la división de poderes dentro del sistema judicial".

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