Si bien no había hasta hoy una imputación concreta sobre los involucrados, la medida no deja de ser una señal de alerta sobre la situación de los funcionarios nacionales y los empresarios, a la hora de ser investigados por su responsabilidad en el estrago doloso.
Las fuentes dijeron a esta agencia que la prohibición judicial afecta a Schiavi, recientemente dado de alta tras sufrir una afección cardíaca, al subsecretario del área ferroviaria, el sindicalista Antonio Luna, y a responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Tampoco podrán salir del país, por orden del juzgado, los hermanos Roque y Claudio Cirigliano, dueños de la empresa TBA, entre otros directivos de la concesionaria del servicio de la línea Sarmiento.
Hasta esta tarde, la nómina completa de los implicados en esta medida cautelar no había trascendido.
El accidente del 22 de febrero provocó la muerte de 51 personas y heridas a unas 703, cuando una formación de la línea Sarmiento que cumplía el recorrido Moreno-Once se estrelló en el andén uno de la estación de llegada, porque -según el maquinista- los frenos no funcionaron.
Trece personas, entre ellas tres niños de entre 13 y 4 años, continuaban hoy internadas en hospitales porteños reponiéndose de las heridas que sufrieron durante el choque, indicó el Ministerio de Salud de la Ciudad.
En tanto, se realizan peritajes a cargo de expertos de la Universidad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia para tratar de esclarecer cómo ocurrieron los hechos.
El juez Bonadío había aceptado el viernes como parte querellante en la causa al Estado Nacional pero sus allegados remarcaron que esa situación no implicaba que los funcionarios involucrados no pudieran ser investigados como posibles responsables de lo ocurrido.
En ese marco, el abogado Gregorio Dalbón, quien actúa como querellante en representación de heridos del hecho, apeló hoy la decisión del magistrado de tener como parte al Gobierno.
El letrado recusó al juez para que deje la causa y lo denunció por el delito de "prevaricato" por considerar que dicta resoluciones contrarias a la ley, indicaron a DyN fuentes judiciales.
Antes de conocer la prohibición de salir del país dispuesta por Bonadío, Dalbón objetó la decisión del juez de tener al Estado como querellante porque -dijo- funcionarios y personas del Gobierno "pueden resultar imputadas" en la causa.
Dalbón sostuvo que así le daba "la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación".
El letrado consideró que Bonadío cometió una "flagrante violación" del Código Procesal Penal que reserva la figura de querellante "en forma exclusiva, a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública.
