El planteo fue realizado al juez federal Ariel Lijo, quien reemplaza a la magistrada con competencia electoral, María Servini de Cubría, para poder formar parte en el expediente y así imputar medidas de prueba.
"Pedimos ser querellantes para esclarecer los hechos. Solicitamos copia de todas las actuaciones con vistas a impulsar el proceso y luego solicitar medidas de prueba", le dijo a este agencia Arslanián.
En tanto, el juez ordenó hoy a Gendarmería realizar pericias sobre las 30 computadoras secuestradas la semana pasada en diversos allanamientos a consultoras que estarían vinculadas a la maniobra.
La causa se inició por una denuncia presentada por Filmus y el vicepresidente del Justicialismo de la Capital Federal, Juan Manuel Olmos, para que se investigue una serie de llamados telefónicos previos a la primera vuelta electoral del 10 de julio que vinculaban al padre del candidato con Sergio Schoklender en la construcción de viviendas de la Fundación Madres.
En la encuesta se le preguntaba a la gente "¿Sabía usted que el padre de Filmus es arquitecto y trabajaba en el proyecto de viviendas por el que Sergio Schoklender se encuentra investigado?", y luego "Ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría?" El juez Lijo allanó el jueves pasado una serie de empresas de donde se habrían hecho los llamados, entre ellas Tag Continental, Conectic SRL y NSS, y secuestró 30 computadoras. Tag sería la empresa desde donde se hicieron los llamados, mientras que NSS habría prestado el servidor.
El dueño de Tag Continental sería Rodrigo Lugones, quien también es director de Durán Barba y Asociados, por lo que el kirchnerismo vinculó a Mauricio Macri y al PRO con la campaña sucia en su contra.
Jaime Durán Barba es el consultor ecuatoriano que asesora a Mauricio Macri y negó haber hecho una campaña sucia y estar vinculado con esas empresas.
Por otra parte, el magistrado le pidió a Gendarmería que perite las computadoras secuestradas para conocer la cantidad de llamadas realizadas desde las consultoras allanadas.
Según el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos, se realizaban unas 300 llamadas por hora.
La justicia investiga un eventual "delito electoral" contemplado en el artículo 140 del Código Nacional Electoral, que reprime a quien indujere falsamente el sentido del voto.
