Ante más de 500 empresarios, el presidente de FEBA, Raúl Lamacchia, destacó la lucha en una pelea "a veces desigual" contra los asentamientos comerciales ilegales que se reproducen día a día.
"Hemos peleado contra los mercenarios de la desocupación que especulan con el trabajo para promover situaciones de empleo en negro; contra el poder concentrado como en el caso de las tarjetas de crédito, grandes superficies, multinacionales. Y la lucha por esta ley para regular las Saladitas es una pelea más que no estamos dispuestos a perder", prometió Lamacchia.
Por su parte, el titular de CAME, Osvaldo Cornide, afirmó que el comercio ilegal es un "flagelo alarmante" que "no tiene ningún tipo de límite en la República Argentina".
"Desde Jujuy o Iguazú hasta plena calle Florida, la venta de cualquier tipo de mercadería compite con el comercio organizado", subrayó.
Al mismo tiempo, advirtió que "los funcionarios han tomado el hecho de la venta clandestina como algo natural".
A su turno, el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Martín Ferré recordó el compromiso del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, por impulsar "una ley de fondo que regule las saladitas y el comercio ilegal en la provincia".
"Primero suspendimos por 180 días la instalación de saladitas. Luego lo prorrogamos. Estamos buscando medidas a corto, mediano y largo plazo para tener una ley de comercio serio. Tenemos que convencer a todos los legisladores para poder contar pronto con la ley", planteó el funcionario.
El ministro sostuvo que "la firme decisión política del gobernador apunta a democratizar el comercio, darles a los comerciantes reglas claras y previsibilidad" para afianzar la "inversión en la provincia".
A su vez, el titular del Grupo BAPRO, Santiago Montoya, se refirió al proyecto de regionalización productiva y manifestó que "el plan del gobierno es ir a buscar soluciones en el interior productivo de la provincia y descomprimir el desarrollo del conurbano".
"Los pilares fundamentales del plan son la tecnología, la simplificación de los trámites, y el fortalecimiento del Estado central", señaló.
De acuerdo con estimaciones de las entidades, actualmente, existen más de 500 puestos clandestinos en todo el país, con alrededor de 60.000 puestos instalados y una facturación estimada en 40.500 millones de pesos. El ministro sostuvo que se apunta a "democratizar el comercio, darles a los comerciantes reglas claras y previsibilidad" para afianzar la "inversión".
