Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, fueron asesinados a balazos el 3 de febrero pasado minutos después de que un tren descarriló frente al barrio "La Cárcova", en José León Suárez.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a los familiares de las víctimas, reclamó a la Justicia que profundice la investigación, confirme la imputación que pesa sobre los presuntos autores materiales y determine la responsabilidad de los jefes policiales a cargo del operativo. El organismo de derechos humanos señaló que, hasta el momento, el juez de Garantías de San Martín Nicolás Schiavo dictó la prisión preventiva para el subinspector Gustavo Vega, de la comisaría 2a. de San Martín, y el oficial Gustavo Rey, a quienes imputó por ambos homicidios.
Vega, además, fue acusado de tentativa de homicidio contra Joaquín Romero, otro joven que fue herido de tres disparos y permaneció internado varios días.
El procesamiento judicial de los policías fue apelado, y ahora deberá definir la situación legal la sala primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, destacó que el gobierno bonaerense "sostuvo desde un primer momento que el descarrilamiento del tren había sido intencional y que la represión policial se había producido en respuesta a un ataque de los vecinos del barrio". "Estas hipótesis fueron descartadas por la Justicia y hoy tenemos la certeza de que la Bonaerense actuó de forma descontrolada. Por eso es necesario profundizar la investigación y llegar hasta los máximos responsables", agregó Chillier.