"El doctor Palacios hace y deshace en los concursos y quiebras arribados a su despacho -dijeron los ministros de la Corte-. No puede continuar siendo Juez de la Provincia de Buenos Aires, razón por la cual corresponde su destitución".
Ahora, será el Jurado de Magistrados el que deberá determinar si, como sostuvo la Corte bonaerense, Palacios incurrió en "graves irregularidades en la tramitación de causas", "incumplimiento de los deberes de funcionario", "violación a la ley" y "actos de parcialidad manifiesta", indicaron a DyN fuentes judiciales.
Pero ya desde hacía dos meses los ministros de la Suprema Corte venían analizado la actuación de este juez y establecieron que Palacios habría manejado con discrecionalidad causas por quiebras que se tramitan en su juzgado.
A Palacios se lo acusa de haber designado de manera irregular síndicos y peritos en causas de quiebra, y de llevar adelante un sofisticado mecanismo para hacer recaer causas determinadas en el juzgado a su cargo.
Además, fue denunciado por supuestas irregularidades en la tramitación de la causa por la venta del Policlínico Lomas de Zamora, que podrían hacer sospechar que habría sido "malvendido" intencionalmente para perjudicar a los acreedores, entre otras causas.
En sus fundamentos el juez Eduardo De Lázzari sostuvo que "con su actuar" Palacios "ha propiciado un verdadero clima de discrecionalidad absoluta en la administración de justicia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora".
Según enumeró, "no se trata solamente de que 'sorteara' peritos en contravención a la normativa vigente" o "de que no se excusara ante la intervención de ciertos letrados, o regulara honorarios desmedidos, u otorgara trato preferencial a una letrada con la que posee estrecha vinculación económica, al punto que comparte depósitos a plazo fijo y ámbito físico para el funcionamiento de su estudio".
Además, dijo, Palacios toleró "radicaciones de expedientes producto de mecanismos espurios" y dio "por concluidos procesos sin encontrarse debidamente acreditado el cumplimiento de honorarios, aportes previsionales o la tasa de justicia".
También habría violado "sistemáticamente la Ley de Concursos y Quiebras en todos y cada uno de los textos que han sido apuntados", dispensó "del pago del impuesto a las ganancias a un camarista en forma indebida", y exteriorizó "todas y cada una de las infracciones que han quedado largamente expuestas", detalló.
Los ministros de la Corte bonaerense establecieron que las "cada una de las maniobras" del juez "son actuaciones ilegales e irregulares, inescindiblemente vinculadas entre sí y preordenadas a la obtención de un fin interesado" "A partir de la incorrecta radicación de las causas se posibilitan sucesivos desarrollos en los que toman intervención síndicos, peritos y administradores escogidos a voluntad por el juez, los que, a su vez, reciben el patrocinio de determinados letrados, también de la confianza del magistrado", remarcó.
Y añadió: "Así, en vituperable cohabitación, todo queda en manos del Dr. Palacios, quien usa y abusa de una previsión de la ley falencial que establece, como regla, la inapelabilidad de las decisiones de primera instancia -regla concebida naturalmente para otros fines- para evitar la revisión de sus resoluciones". "La situación así expuesta es intolerable. Lo es para la correcta administración de justicia. Y lo es para aquellos que infortunadamente han debido sustanciar sus derechos ante los estrados de un magistrado que ha hecho trizas la primera de las garantías que les es debida, la de imparcialidad", se sostuvo en la denuncia. Ahora, la denuncia de la Suprema Corte pasó a manos del Jury, pero hoy una copia del escrito fue aportada por la Procuradora General María del Carmen Falbo a la investigación penal que se lleva en la UFI 5 de Lomas de Zamora.
