Según analizó el procurador general adjunto Luis González Warcalde, "las conductas denunciadas se refieren a la compra del bingo de Los Polvorines, a la posibilidad de trasladar esta sala de juegos a una localidad más rentable del norte del conurbano, a la violación de la norma contractual en perjuicio de una empresa a raíz de la instalación de salas de bingo en el partido de Tigre".
También "a una propuesta que le habría hecho al Instituto de Lotería y Casinos bonaerense a cambio de desistir de la acción legal que había iniciado por aquella violación".
La denuncia de los legisladores de la CC indica que "las maniobras estarían encauzadas a la distribución del negocio del juego en la provincia de Buenos Aires, entre las empresas privadas y el denunciado López, y a la obtención de la habilitación para la instalación de tragamonedas en los hipódromos y agencias hípicas de la misma provincia, todo con la colaboración de autoridades del gobierno bonaerense e institutos provinciales".
El procurador compartió el criterio según el cual "no se advierte ninguna circunstancia que habilite la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restringida, pues la intervención de ese fuero está condicionada a la existencia de hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente a la Nación".
"Y esto aún cuando se pudiere demostrar eventualmente que en estas maniobras -de ser delictivas- jueguen su influencia o se 'asocien' a sus beneficios, funcionarios nacionales", completó.
La Corte compartió el criterio y, con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, remitió el expediente al juzgado de Garantías número uno de San Isidro, a cargo del magistrado Ricardo José Costa.
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