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12/05/2011 - 10:00 | Zonales / Tigre

Recta final para el juicio político contra la Fiscal Gigante por cuya actuación una violación quedo impune

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El juicio político contra la fiscal penal bonaerense María del Carmen Gigante, acusada de haber posibilitado con su actuación que un resonado caso de abuso sexual contra una joven discapacitada quedara impune, ingresó en su etapa final con la clausura del sumario y el anuncio, en el término de 45 días, del veredicto.


La fiscal quedó en el centro de la escena en marzo de 2009, cuando un hombre de 45 años acusado de haber violado a una joven discapacitada resultó absuelto porque la investigación fue defectuosa, a punto tal que un informe médico presentado como prueba de cargo carecía de sello y firma médicos, por lo cual fue invalidado.

Gigante, quien actualmente cumple tareas administrativas, afronta el proceso de juicio político desde agosto de 2010, ante un jurado de enjuiciamiento que evalúa las denuncias presentadas por el ex ministro de Justicia y hoy jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; por la madre de la víctima, María Jiménez, y por la procuradora general de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo.

Los denunciantes indicaron que la fiscal impidió que la madre de la víctima fuera querellante en la causa, no controló la prueba -que fue declarada nula porque no tenía las firmas de los médicos que constataron el abuso- y no pudo apelar en los plazos previstos el fallo absolutorio de un tribunal oral de Tigre.

El tribunal de enjuiciamiento está encabezado por el juez de la Suprema Corte bonaerense Eduardo Julio Pettiggiani, y lo integran también los senadores Javier Mor Roig, Santiago Nardelli, Cristina Fioramonti y Enrique Honores, y la diputada María de la Paz Dessy.

La fiscal Gigante es, según la madre de la víctima la presunta responsable de que ella no pudiera convertirse en "parte querellante" de la causa y, en consecuencia, no pudo apelar el fallo absolutorio de un tribunal oral de la localidad bonaerense de Tigre. Según la mujer, uno de los integrantes del tribunal le dijo que "no habían podido condenar al acusado porque en el informe médico no se indicaba quién era el profesional, carecía de sello aclaratorio y ni siquiera había sido firmado".

El abogado que la representa, José Vera, manifestó que "la familia está esperanzada en que, en esta etapa de las actuaciones, los juzgadores tengan en claro que la fiscal debe ser destituida de su cargo".

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