Una de las incorporaciones, referida al cumplimiento de la pena fuera de los establecimientos carcelarios, establece “la sustitución de la forma escrita por la oral de las decisiones trascendentes de la etapa de ejecución”, según explicó el senador Roberto Ravale.
La normativa también prevé la revisión semestral obligatoria y en audiencia oral de la continuidad de las medidas de seguridad, como la libertad anticipada, condicional o con salidas laborales, entre otras; la afirmación de la garantía del juicio previo para esas medidas, y la creación de secretarías de Control en cada juzgado de Ejecución.
Finalmente, modifica las funciones del Patronato de Liberados, separando las áreas de asistencia con respecto a las de supervisión y control, y afirma la garantía del juicio previo para la imposición de medidas de seguridad.
La norma, que ahora fue girada a la Cámara de Diputados para su sanción final, modifica 51 e incorpora 12 artículos en la ley 12256, Ley del Servicio Penitenciario. Además modifica 12 artículos de la ley 11992, el Código Procesal Penal.
