Fernández indicó que el proyecto propone una limitación de "mil hectáreas para la tenencia extranjera" de las tierras y remarcó que "no somos nada originales, nos hemos copiado de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia y de Italia", países que "tienen fuertes restricciones a la adquisición por parte de extranjeros de sus propias tierras".
Además, admitió que "hay un profundo déficit de información sobre cuál es el estado dominial de las tierras rurales, ya que los registros de propiedad son de carácter provincial. Por eso, el proyecto crea la necesidad de un Registro Único Nacional de tierras rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia para tener un cuadro de situación, porque el límite al dominio es el 20 por ciento de lo que puede ser la totalidad de las tierras".
"No sabemos si esto (ese tope) ya está cumplimentado, o si todavía hay excedentes que puedan ser objeto de compraventa por sujetos extranjeros. Por eso esperamos que la ley sea tratada con celeridad", pidió Fernández para luego remarcar que el plazo para la confección del catastro nacional "es de 180 días".
Según datos de la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que desde comienzos del siglo impulsa ante el Congreso una ley para frenar la venta de campos a extranjeros, capitales foráneos poseen unas 20 millones de hectáreas del total de 180 millones de hectáreas productivas con que cuenta el país.
El proyecto detallado hoy había sido mencionado con anterioridad en dos oportunidades por la jefa de Estado: una ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo último, y otra hace una semana, en el Luna Park, durante el acto organizado por la Corriente Agropecuaria Nacional y Popular (CANPO) que impulsa el ministro del área, Julián Domínguez.
En ambas ocasiones destacó que el proyecto "de ningún modo tendrá un sesgo chauvinista o de xenofobia", términos que en esta oportunidad no mencionó.
El proyecto de ley, una "demanda acariciada por sectores de la vida nacional" según ella misma lo describió, fue presentado mientras sobre la avenida 9 de Julio, a 10 minutos de la Casa Rosada, unos 150 aborígenes de la comunidad qom cumplían más de 42 horas de protesta en demanda de la restitución de las tierras de las que fueron desalojados.
"Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, fíjense que no digo estatal, sino nacional, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen capacidad para invertir y hacer producir esa tierra", enfatizó la mandataria.
Especial hincapié hizo la Presidenta en que "la ley no afectará derechos ya adquiridos, porque eso sería cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que las adquirieron de buena fe con reglas vigentes a ese momento. Esto hablaría de un país poco serio. Si del catastro resulta que hay más de un 20 por ciento (de tierras en manos de extranjeros), ello no va a afectar sus derechos porque queremos ser un país normal y serio, pero que defiende, cuida y protege su patrimonio nacional".
La ley será "un instrumento muy importante para los hombres y mujeres con capacidad de inversión en el país, de nuestro empresariado nacional, que junto con los trabajadores y las políticas macroeconómicas diseñadas a partir de 2003, han sido los grandes protagonistas del crecimiento económico sin precedentes en nuestra historia", cerró la jefa de Estado.
