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Citan a fuertes empresarios del transporte tras allanamiento en el chalet de la suegra de Jaime

Los empresarios del transporte urbano Claudio Cirigliano -Grupo Plaza y TBA- y Héctor Simo -Ferrovía- fueron citados a declarar en la causa en que se investiga si Ricardo Jaime se enriqueció ilícitamente durante su gestión como secretario de Transportes de la Nación.
Fuentes judiciales informaron hoy que Simo tendrá que presentarse a declarar como testigo el miércoles 9, a las 11, y Cirigliano al día siguiente en el mismo horario, ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide, con intervención del secretario Jorge García Davini.
Las citaciones surgen luego de que el magistrado descubriera que la suegra de Jaime es propietaria de un lujoso chalet en el country Camino Real, en el partido de San Isidro, aunque cobra 700 pesos de jubilación y paga expensas por 1200 pesos, dijeron a DyN fuentes del caso.

Añadieron las mismas fuentes que se sospecha que esa casa habría sido vendida a la madre de Silvia Reyss -actual esposa de Jaime y también investigada por supuesto enriquecimiento ilícito- por allegados a la empresa TEBA, la concesionaria de la explotación de la terminal de ómnibus de Retiro hasta 2014.

Precisamente, directivos de TEBA ya fueron procesados junto a Jaime por el delito de dádivas, luego de que la Justicia consideró probado que los empresarios le pagaban al entonces funcionario los alquileres de dos departamentos en los que vivió entre 2003 y 2009.

Jaime fue secretario de Transporte del gobierno de Néstor Kirchner desde su llegada a la Presidencia en 2003, pero se fue en 2009, luego de la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas.

Si bien declaró bienes por 100 mil pesos, el fiscal Carlos Rívolo investigó su nivel de vida y sus gastos y los números no le cerraron.

Fue así que avanzó en la pesquisa para investigar su presunto enriquecimiento ilícito para saber si, como se sospecha, sería propietario de un avión, un yate, tres propiedades en la ciudad cordobesa de Mendiolaza y un departamento en Córdoba capital, dos casas en Río Gallegos y dos inmuebles en Florianópolis, además de autos y motos.

El juez Oyarbide dictó un embargo de 40 millones de pesos sobre sus bienes, los de su esposa y los de las hijas de ambos, ya que todo el patrimonio familiar está bajo sospecha.

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