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Dos causas judiciales complican a casas de computación por usar programas sin licencia original

Dos fallos judiciales complicaron a sendos comercios de venta de equipos de computación por presuntamente cargar en las PC programas de la firma Microsoft en versiones apócrifas y a partir de discos regrabables.
En el primero de los casos, la Sala Primera de la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de Carlos Alberto y Pedro Néstor Dupuy por el presunto delito de "defraudación de los derechos de propiedad intelectual, mediante la reproducción y venta de obras sin autorización de su autor" y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 60.069,67 pesos.

Según la investigación, ambos -como titulares del local comercial "Dupuy", situado en Corrientes al 3600, de esta Capital- vendieron una PC a un empleado enviado por Microsoft con programas instalados no originales, y además "no se detectó la existencia de etiqueta COA (o certificado de autenticidad que forma parte de la licencia)".

En un allanamiento posterior, fueron secuestrados del local "tres discos grabables en formato CDR o DVR, con las inscripciones 'Windows 7', 'Windows XP', y 'Office 2007'".

La investigación determinó que "se utilizó el programa Product Key, a fin de obtener los números de productos y las llaves utilizadas para la instalación del mismo y que, según los números de PID (Product ID) y Product Key hallados, el programa instalado no sería original".

Los camaristas Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone confirmaron la resolución y el embargo.

Por su parte, la Sala Quinta de la Cámara ordenó la indagatoria del titular del local comercial "Team PC", también a raíz de una denuncia de Microsoft.

"En el comercio denominado 'Team PC' se estarían vendiendo productos de titularidad de su poderdante instalados en forma ilegítima", ya que otro empleado de Microsoft "recibió una computadora con programas instalados, mas sin los contratos de licencia, los soportes magnéticos o algún objeto o documentación relacionado a su comercialización", expresa la resolución, a la que tuvo acceso DyN.

Los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y María Laura Garrigós de Rébori entendieron que "no se logró determinar el método o dispositivo utilizado para la instalación de los programas en el CPU peritado en virtud de que se puede presumir que los discos incautados no fueron utilizados para ello".

Sin embargo, la indagatoria fue ordenada porque el dueño del comercio "accedió al pedido (del agente de Microsoft) de instalar los programas que contenía el CD que éste le habría dado, a fin de que pueda retirar la PC completa". "El fraude a la propiedad intelectual existe cuando por cualquier medio se violan, suprimen, menoscaban, debilitan o alteran lesivamente los derechos que la ley otorga al autor sobre su creación", dijeron los jueces al ordenar la indagatoria.

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