El organismo de Derechos Humanos, que reiterará su denuncia ante el Consejo de la Magistratura, declara en un comunicado que la jueza Larrandart "censuró la declaración de la Asociación", que hizo omisión a lo expuesto por la testigo porque "sólo debía hablar de los casos que se juzgaban en este juicio", refiriéndose a lo sucedido con otras víctimas desaparecidas o liberadas, como ha sido el caso de Cruz.
En su misiva, que cuenta con el apoyo de otras organizaciones, la Asociación resalta que la magistrada hizo "caso omiso de los compromisos internacionales del Estado argentino de proteger a las víctimas de todo ataque físico o psicológico que los vuelva a victimizar, invirtiendo el sentido reparatorio de estos juicios".
Además, recuerdan otros antecedentes de "maltrato y abuso de poder" que tienen a Larrandart y al Tribunal que preside como protagonistas, como su accionar en otras causas contra represores donde impidió declarar a otros sobrevivientes del terrorismo de estado, luego de haberlos aceptado previamente como testigos.
"Esta actitud fue un evidente acto de agresión hacia nuestro organismo de DD.HH., y estuvo dirigido a evitar que presentáramos información de contexto que evidencia que la represión en la Zona IV funcionó articuladamente en circuitos represivos múltiples, que se extendían hasta vincularse activamente con el circuito represivo de Camps", expresaron.
Lucila E. Larrandart es abogada graduada en 1965 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y desde 1993 es Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal No.1 de San Martín Provincia de Buenos Aires.
