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El cantautor Piero será juzgado por presunto fraude al gobierno provincial

El cantautor Piero será juzgado por presunto fraude al gobierno provincial
Piero está imputado por el delito de fraude a la administración pública en el manejo de subsidios para menores tutelados que debían concurrir a un centro de día, durante el tiempo en que fue Subsecretario de Cultura de la provincia en 2002.

El Tribunal en lo Criminal 5 de La Plata rechazó un pedido de sobreseimiento del cantautor Piero y fijó para el 22 de agosto el juicio en su contra por presuntas estafas durante su gestión como Subsecretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires en 2002.

Esta es la tercera vez que los jueces Isabel Martiarena, Horacio Nardo y Carmen Palacios Arias fijan fecha del juicio -junio y noviembre de 2009-, instancia que se vino posponiendo por planteos formulados por la defensa.

Piero, cuyo apellido es De Benedictis, junto a tres de sus colaboradores de su Fundación Buenas Ondas, está imputado por el delito de fraude a la administración pública en el manejo de subsidios para menores tutelados que debían concurrir a un centro de día.

Esta causa comenzó a ser investigada por los fiscales Gabriel Sagastume y Virginia Bravo en 2002, cuando el cantante era Subsecretario de Cultura bonaerense, y ocho años después el caso aún no sólo no tuvo un juicio oral, sino que la fiscal, Maribel Furmus, detectó una serie de maniobras presuntamente dilatorias que incluyeron un pedido de sobreseimiento a Piero, lo que fue denunciado ante al Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo.

Al cantautor la Fiscalía le atribuye supuestos manejos irregulares de 40 subsidios que la Subsecretaría de Minoridad bonaerense había destinado a esa fundación para becas de estudio en una "ecogranja" educativa, que, según los testimonios de los menores, nunca se habrían implementado.
Además de Piero (65) -presidente de la fundación- también se juzgará a la vicepresidenta Mariana Schettini (39), a la secretaria Susana Isabel Molinari (58) y al tesorero Gustavo Solanas (49).

Los fiscales Sagastume y Bravo dieron por probado que "durante los meses de enero a julio de 2002, Piero, Solanas, Molinari y Schettini, como miembros del Consejo de Administración de la Fundación Buenas Ondas, defraudaron al Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la provincia de Buenos Aires, percibiendo en su provecho sumas de dinero destinadas a becas de estudio para alumnos que debían concurrir a un centro de día", ubicada en la ruta 4 y la calle Corrientes de la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz.

La denuncia fue formulada por la entonces Subsecretaria de Minoridad, Cristina Elsa Tabolaro, que advirtió la existencia de un convenio entre el ministerio y la Fundación Buenas Ondas por el que se "le otorgaban a la institución cuarenta medias becas mensuales destinadas a la atención de niños y adolescentes en situación de riesgo social".

Posteriores inspecciones realizadas al predio permitieron constatar "la ausencia de los menores respecto de los cuales se habían otorgado las becas", presuntas irregularidades que más tarde habrían sido confirmadas en sede judicial por algunos de los beneficiarios, quienes revelaron que "nunca asistieron como alumnos al establecimiento", se indicó.

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