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Malestar de La Corte por recorte de presupuesto judicial

La Corte Suprema hizo saber hoy su malestar por la decisión del Poder Ejecutivo de recortar casi 40 por ciento el presupuesto asignado al Poder Judicial, que ahora deberá ser considerado por el Congreso, y advirtió que la partida establecida "impide la proyección y realización de acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las políticas de Estado".
Así se afirmó en una nota publicada en el sitio Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema, y que se da a conocer en el marco de la conflictiva relación que están viviendo el Gobierno de Cristina Fernández y la Justicia.

Hace doce días el ministro de Economía, Amado Boudou, presentó ante integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2011.

Y del análisis de esos números se desprende que hay una reducción de 778 millones de pesos para el área de la Justicia, se precisó hoy.

"Ello impide la proyección y realización de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las políticas de Estado fijadas por el Poder Judicial", dice textualmente la nota publicada en el CIJ.

De acuerdo a esa información, el Poder Ejecutivo recortó unos 355 millones de pesos a la caja de la Corte Suprema (un 39 por ciento), mientras que hizo lo propio con el Consejo de la Magistratura, pero en 423 millones, lo cual implicó una merma de 12 por ciento.

La nota del CIJ advierte que "la quita al presupuesto de la Corte está reflejada especialmente en el recorte de los créditos presupuestarios para las obras proyectadas por el Alto Tribunal: el Proyecto Informático, el Archivo General, la Biblioteca y la Refacción del Palacio de Tribunales, y en los cargos y créditos presupuestarios para el Proyecto Informático y la Oficina de la Mujer".

Según se señala, "el Poder Judicial de la Nación representa el 1,2 por ciento del Presupuesto Nacional del año 2011 y contribuye en un 45,5 por ciento en el resultado financiero del mismo".

"Expresado en cifras, el Poder Judicial de la Nación aporta 724 millones de pesos de los 1.593 millones de pesos del superávit financiero previsto en el Presupuesto Nacional", se indicó.

Y precisa que "este desfasaje es aún mayor si se compara el Presupuesto Nacional con el presupuesto de la Corte. El presupuesto de ésta última, que es de 918 millones, representa un 0,25 por ciento del Presupuesto Nacional y aporta con su superávit 403 millones al resultado financiero, es decir cubre un 25,3 por ciento del mismo".

La página judicial precisa que "en el Presupuesto de este año, el Poder Judicial de la Nación aporta el 37,3 por ciento del superávit del Presupuesto Nacional 2010".

Y detalla que "se puede concluir que el Poder Judicial, y en especial la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sufre la inmovilización de sus recursos para poder generar el superávit del Presupuesto Nacional".

La nota de la pagina de información de la Corte añade que "queda bajo la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros la disposición del 17 por ciento de los recursos propios que el Poder Judicial de la Nación tiene asignado por ley para el año 2011".

"En tal sentido la Jefatura de Gabinete decidirá sobre el 40 por ciento de los recursos propios del Máximo Tribunal para el 2011 y sobre la totalidad de los remanentes de recursos del Poder Judicial. Esta situación impide la proyección y la realización de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las políticas de estado fijadas por el Poder Judicial de la Nación", se agregó.

En los últimos tiempos volvió a recalentarse la polémica entre los poderes Ejecutivo y Judicial, a partir de fallos de la Corte sensibles para la administración.

La Corte Suprema dictó en la últimas semana un fallo por la extradición del chileno Sergio Apablaza Guerra y otro que ordenó una denuncia penal contra el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ante la falta de cumplimiento con la sentencia que exigía reponer en su puesto al ex procurador de la provincia Eduardo Sosa.

Sin resolver aún si albergará como refugiado político al chileno, el Gobierno kirchnerista avaló la rebeldía de Peralta y volvió a exigirle a la Corte que respalde en un fallo la cuestionada Ley de Medios, específicamente en artículo 161 que obliga a la desinversión a grupos de medios periodísticos.

En las últimas horas, además, la jefa de Estado habló de la "obscenidad judicial" y de recurrir a "tribunales internacionales para que las cosas vuelvan a ser iguales para todos en la Argentina".

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