El ministro de Economía, Alejandro Arlía, al momento de presentar este proyecto, el 13 de julio pasado, señaló que esta ampliación será financiada, con 3.700 millones de pesos de ingresos propios de la provincia -recaudación- y el resto se cancelará utilizando el endeudamiento de los 1.600 millones de pesos incluido en la iniciativa que ahora irá al Senado.
También contempla la creación de un Fondo para el Fortalecimiento de los Servicios Municipales por 515 millones de pesos anuales, que será distribuido entre los 134 municipios bajo parámetros del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que facultan a los jefes comunales a utilizarlo para servicios básicos esenciales.
La aprobación en Diputados contó con el voto positivos de los legisladores del FpV-PJ y el acompañamiento de los bloques de legisladores de la UCR, el Gen y el Confe cobista y el rechazo de las bancadas de Unión- PRO, Coalición Cívica y Peronismo Federal.
Ramiro Gutiérrez, titular del bloque de Unión PRO, fundamentó la negativa de acompañar la ampliación presupuestaria señalando que "entendemos que si hay un gasto extraordinario, si vamos a endeudar nuevamente la provincia de Buenos Aires sólo lo justificamos si era para seguridad".
"La seguridad es el principal problema de los bonaerenses y un gasto así solo se justifica para dotar la necesaria seguridad de todos los compatriotas que habitan este territorio", señaló, para agregar que "sabemos que este presupuesto no estaba ajustado a la realidad, hubo improvisación, ahora la improvisación de este presupuesto la vamos a medir en las áreas sensibles que son las que mas pesan sobre los vulnerables".
"El gobierno, en lugar de disponer medidas que reactiven la economía o plantearse frente al Gobierno nacional para reclamar coparticipación que nos corresponde, sigue endeudando la Provincia", dijo Gutiérrez.
