El debate público, y sobre todos las entidades del campo, quedaron expectantes ante la posibilidad de que este 24 cayeran automáticamente las retenciones agropecuarias que fueron creadas por el gobierno militar en 1981, como parte del Código Aduanero, pero pocos constitucionalistas y políticos acompañaron esta opinión.
De hecho, el radicalismo expresó a través del presidente del Comité Nacional, Ernesto Sanz, que "al caerse la prórroga, el Congreso reabsorberá esas facultades pero no se caerán las medidas tomadas hasta el momento, por una cuestión de seguridad jurídica".
Las normas usadas por sucesivos gobiernos incluyen, además de las retenciones, varios aspectos de la ley de abastecimiento, así como de entidades financieras, de la coparticipación federal y del código de procedimiento tributario.
También tiene incidencia en legislaciones de la emergencia económica por la que se puede establecer variaciones en la valor del peso y las divisas, también compensaciones a las entidades financieras y renegociación de los contratos con las empresas concesionarias de los servicios públicos.
El amplio uso que se hizo en el pasado de estas excepcionalidades afectó además a la facultad de distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) contemplada en la norma de coparticipación con las provincias y también en el texto legal de la reforma del Estado con la que fueron privatizadas varias empresas públicas.
La decisión de poner fin al traspaso de facultades surgió de la reforma constitucional de 1994 que intentó poner límites al presidencialismo.
Para ello, sancionó la cláusula transitoria octava, con el siguiente texto: "La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso ratifique expresamente por una nueva ley".
Desde 1999 hasta agosto del año pasado, el Congreso sancionó al menos cuatro leyes sucesivas que consagraban nuevas prórrogas.
Informes de organismos públicos dan cuenta que desde 1853 a 1994 se promulgaron más de dos mil leyes en las que Poder Ejecutivo se atribuía las facultades del Congreso, pero casi 1.800 han perdido vigencia o se quedaron sin objeto.
Queda por corregir, por el cambio de poder producido en el Congreso que ahora se niega a dar nuevas autorizaciones, poco más de 300 leyes que incluyen capítulos económicos y financieros importantes pero también normas que tienen relación con impuestos, obras públicas, promoción industrial, salud, trabajo, educación, militares, partidos políticos y hasta acuerdos limítrofes.
