De Narváez, al abordar la reciente ola de inseguridad aseveró que "la seguridad es el tema excluyente en la provincia de Buenos Aires y en todo el país" pero planteó que "no hay dudas de que el delito está organizado, mientras que el estado no está organizado".
En referencia al caso de Carolina Píparo, baleada en una salidera bancaria por lo que perdió al hijo que gestaba, indicó que "pocos días después se desbarató la banda" que perpetró el hecho, "lo que quiere decir que cuando se toma la decisión política de resolver el problema de un delito tan grave, se puede resolver".
El bonaerense planteó que "si hay que corregir las leyes, sentémonos ya", por los legisladores, al tiempo que pidió al gobierno nacional que convoque a un Consejo Nacional de Seguridad Interior para abordar la situación.
"El delito avanza y el Ejecutivo no tiene la decisión de ponerse al frente. Hay que coordinar las fuerzas públicas, la Justicia, el sistema carcelario y las leyes", advirtió.
En tanto, Arslanián salió a cuestionar a Scioli por no darle continuidad al programa de Seguridad que había implementado en su gestión, al sostener que "se lo desarticuló inmediatamente a partir del cambio del gobierno, y eso trajo unas consecuencias muy negativas".
"Lamentablemente se volvió nuevamente a un esquema de autogobierno policial y entonces responde a sí misma y no a un esquema de conducción como nosotros pusimos en funcionamiento con un Ministerio de Seguridad y distintas subsecretarías integradas por personal experto", lamentó.
Al respecto, concluyó que "La Policía tiene que ser gobernada y no establecer pactos con el poder político".
"Si hubiesen seguido con nuestra filosofía de gobierno civil y político de la institución, estaría resuelto al menos el problema del funcionamiento de la fuerza policial" aseguró.
Al criticar la actual gestión, sentenció que "somos sorprendidos por los hechos, lo que hace que la eficacia sea mucho menor", y consideró que el aumento de la violencia está vinculado a "una ausencia de control social, de educación, de socialización respecto de menores (de edad) que dan mucho trabajo en el delito".
Arslanián hizo mención a "aquellas personas que pueblan las cárceles y tienen entre 18 y 25 años" como factor a abordar.
