El primer juez cuestionado es Antonio Cayetano Saladino, titular del Juzgado de Garantías número uno de Olavarría.
La comisión sostuvo que Saladino es "autor responsable de la comisión de delitos de acción pública" por cuanto en una causa por homicidio "habría aceptado una suma de dinero a cambio de modificar la carátula que imputaba tentativa de homicidio a Walter Gallastegui" por la de "lesiones graves", una figura que permitía la excarcelación del imputado.
De acuerdo a los testimonios recogidos, el magistrado habría percibido el dinero, pero luego se habría negado a modificar la carátula, en tanto que el abogado que se presume habría participado en esta sospechada irregularidad - Marcos Alonso, reconocido penalista de Olavarría- fue encontrado muerto en su propio auto y con varios impactos de bala.
Entre los fundamentos para adoptar el rol de acusador, la Comisión Bicameral sostiene que la conducta del juez Saladino "podría guardar vinculación con el delito de cohecho".
Además, señaló, se encontró "motivo suficiente" para acusar al juez de haber cometido las faltas de "incumplimiento de los deberes inherentes al cargo"; la realización de hechos o desarrollo de actividades "incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone" y la "realización de actos de parcialidad manifiesta".
La Comisión Bicameral decidió asumir también el rol de acusador en el proceso de referencia contra Sergio José Prato, Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial número ocho del Departamento Judicial de San Martín.
El propio fiscal interviniente en la causa "Club Atlético San Miguel S/rescate de entidades deportivas" señaló que "el magistrado interviniente inició o mantuvo una relación personal con una de las interesadas, para favorecimiento de la misma", según el expediente.
Para la Comisión, que preside Ulises Jiménez, Prato se encuentra comprendido en la causales de "incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y realización de actos de parcialidad manifiesta".
