"Cada uno de los titulares de las cajas de seguridad nos hizo partícipes de sus pérdidas, en algunos casos sueños rotos, en otros esperanzas perdidas de un retiro laboral decoroso y también, más allá de la pérdida económica, de sentimientos de desolación ante la desaparición de joyas de familia de cuarta generación con la carga emotiva que conlleva la certeza de saber que son únicas e insustituibles", afirmaron los jueces.
Señalaron que los testigos relataron diferentes situaciones como que las sumas que les sustrajeron eran por la venta de un departamento o que le pertenecía a sus hijos y una mujer rompió en llanto al recordar con tristeza que no volvería a ver joyas que tenían para ella un profundo valor sentimental.
Explicaron que a más de cuatro años del hecho, "algunos rehenes no se encuentran totalmente recuperados de lo padecido", motivo por el cual algunos se quebraron en las audiencias y otros debieron realizar terapia por haber estado cautivos.
Los jueces dijeron que incluso una testigo relacionó de manera directa la muerte de su padre como consecuencia del disgusto ocasionado por el saqueo a la caja donde guardaba sus bienes.
Otro agravante fue la modalidad de los delincuentes en cuanto a utilizar como escudo humano a los rehenes ante la posibilidad de un eventual disparo de la Policía, "en una clara actitud de desprecio por la vida".
"Los (23) rehenes expusieron haber sentido temor por su vida, que fueron amenazados con armas de fuego -con referencias por parte de los delincuentes a que podría ser un nuevo 'caso Ramallo-', que los obligaron a tirarse al suelo y que en algunos casos tuvieron que orinar en un macetero a la vista de los presentes", remarcó el fallo.
Respecto a que liberaron a tres personas, los jueces sostuvieron que fue "atendiendo a sus planes y en función de su conveniencia, toda vez que con el personal policial y los dos rehenes que se encontraban en estado de franca alteración afuera de la entidad bancaria, alejaban la posibilidad de dificultades en su plan delictivo".
Agregaron que "los llamados telefónicos (de los rehenes a sus familiares) les permitieron crear la situación de conmoción requerida y por ende el tiempo de negociación necesario para sus fines".
Los jueces mencionaron como un ejemplo de violencia haber apoyado un arma en la cabeza de una rehén con amenazas de muerte, lo cual obligó a uno de los policías del banco a entregar su arma y quedar a merced de los delincuentes.
El fallo también menciona "la significativa capacidad logística desplegada en el hecho, que remite no sólo a un planeamiento anticipado y minucioso, sino a la reunión de distintas personas con diferentes capacidades de ideación y operativas necesarias para la concreción de su objetivo".
"En este mismo sentido, se enrola la capacidad económica de financiar los equipos, maquinarias, teléfonos y embarcaciones necesarias para la perpetración del hecho", subrayaron. Respecto del dinero robado, sostuvieron que el arqueo final da cuenta de una lesión patrimonial de 19.000.000 de dólares causada al Banco Río, entre dinero y joyas, a lo que se suman los reclamos y pérdidas de los clientes.
"Sin perjuicio de los posteriores reintegros por parte del banco a sus clientes y los pagos de la compañía aseguradora, lo cierto es que alguien ha asumido lo efectivamente perdido. Perdió el banco, los clientes y la aseguradora", consideraron.
El TOC 1 de San Isidro condenó ayer a 15 años de prisión a Rubén De la Torre, a 14 a Fernando Araujo, a 10 a José Zalloecheverría y a 9 a Sebastián García Bolster por el llamado "robo del siglo" cometido el 13 de enero de 2006.
