La menor fue entrevistada ayer por una perito psicológica judicial en los Tribunales de Trenque Lauquen y acusó a los imputados de violación, uso de la fuerza y amenazas, con advertencias solapadas de que nadie tenía que saber lo ocurrido.
La madre de la víctima calificó de "aberrante" lo que le pasó a su hija y dijo que es "muy triste lo que nos pasa a nosotros" porque "nos condenan todos, en vez de decirnos" de la existencia del video y su distribución.
La mujer contó en declaraciones a la señal televisiva C5N que tomó conocimiento de esa grabación "por un mensaje de texto que me mandó una prima" desde Buenos Aires, "preguntándole qué ocurría", luego de ver un informe televisivo sobre el hecho.
"Somos una familia que nos conoce todo (General) Villegas, alguien podía habernos informado" consideró y señaló que "ni siquiera de la comisaría nos dijeron, fuimos los últimos en enterarnos".
Recordó que "fue en el canal (de General Villegas) donde nos abrieron los ojos" sobre lo que ocurría, e insistió en sus temores.
"Mi hija no habló antes porque estaba amenazada", según le contó a su familia y ratificó ayer ante los peritos judiciales.
La mujer dijo luego que la adolescente "está con mucho miedo" y que a pesar de "lo bien que se portaron en la escuela" a la que asiste, "cada vez que sale para ir a clases me pide que no me olvide que sale a las 12 y todo así, está asustada".
La mujer señaló no saber por qué el fiscal Fabio Arcomano, quien caratuló la causa como "violación sexual simple" y "difusión de pornografía infantil", aún no dispuso la detención de los acusados y tras admitir que "no se nada de leyes" se mostró confiada en que la Justicia actúe como corresponde.
El abogado de la familia de la adolescente, Tomás Correa, solicitó el cambio de carátula de la causa por "abuso deshonesto simple", que prevé penas más severas y no excarcelables para los culpables.
Correa criticó además a quienes "buscan minimizar la criminalidad de la violación" con el argumento de la presunta complicidad de la víctima.
Recordó que la ley establece que "los menores no tienen capacidad para discernir cuando se agrede su cuerpo o su vida sexual, por lo que el eventual consentimiento no es argumento" para justificar los actos denunciados. (Télam)
