La sesión se había iniciado a las 14.30 con una larga cadena de oradores que quedaron polarizados entre los oficialistas -que respaldaron el dictamen de mayoría sobre la base del proyecto de ley del pampeano Verna, de texto similar al DNU 298 del Ejecutivo- y los opositores, que defendieron informes alternativos.
Sin embargo, el momento de mayor tensión de la jornada se produjo cuando el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, criticó con dureza la firma de un acuerdo por 600 millones de pesos entre la provincia de La Pampa con el Gobierno nacional, luego de que Verna aceptara incorporar un artículo por el que el DNU 298 quedará derogado luego de la sanción en la Cámara de Diputados.
"Esta ley tendría que llamarse la ley de los 600 millones", dijo Morales y agregó que "el gobernador admite que el dinero que va a recibir se debe al cambio en el proyecto de ley, que admite que el DNU dejará de tener vigencia".
La acusación fue respondida por Verna, quien dijo que su misión en el Senado es "defender los derechos de las provincias" y que lo único que logró su intervención fue haber sido "el disparador de una reunión de mi gobernador, que tiene mucho capacidad de convencer".
Gerardo Morales justificó la negativa a respaldar el proyecto oficial en que el pago de la deuda "generará un aumento de la inflación", y reclamó un replanteo de los gastos para mejorar la inversiones en las necesidades sociales.
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, consideró "positivo" el debate, porque "le estamos dando al Poder Ejecutivo un instrumento totalmente válido para seguir desendeudando a la Argentina" y reclamó a la oposición llegar "a un nivel de racionalidad".
Maria Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, dijo que "es probable que Diputados no apruebe la ley, con lo cual quedará vigente un DNU que no surgió de ninguna necesidad ni urgencia" y advirtió que la medida "va a beneficiar a algunos bancos, pero por vía de la inflación perjudicará a los sectores asalariados y más vulnerables de la sociedad".
El socialista Rubén Giustiniani advirtió que "el canje de deuda abre importantes dudas porque puede significar un negocio para los intermediarios, que son los mismos bancos que están siendo investigados por defraudaciones en otras partes del mundo".
El cordobés Luis Juez dijo que no apoyaba la iniciativa porque "no hay nada que repartir, y esta discusión ha devenido en abstracta".
La justicialista salteña Sonia Escudero advirtió que "durante años se habló de un modelo exitoso, basado en dos superávits, fiscal y comercial; pero últimamente estamos viendo que el fiscal ha desaparecido", y sostuvo que mientras "las provincias están en crisis, el gobierno nacional recurre a la caja del Banco Central para seguir financiando el gasto".
El radical chubutense Mario Cimadevilla sostuvo que "el nudo central se articula con el déficit público, no con el uso de las reservas", porque existe "irresponsabilidad fiscal, discrecionalidad de los recursos, una progresiva desarticulación de los instrumentos de gestión, como el INDEC y el desprestigio del presupuesto público".
El proyecto crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino que se destinará a la cancelación de deudas con tenedores privados durante el ejercicio 2010, y estará integrado por 4.382 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad del Banco Central que deberá transferir al Tesoro Nacional.
La iniciativa establece, además, que la transferencia de las reservas se realizará "en estricta concordancia con la fecha de cada vencimiento y con la anticipación necesaria para realizar el proceso administrativo", y a cambio el Banco Central recibirá instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
La iniciativa propone que el DNU 298 quede derogado una vez que el proyecto, que debe ser debatido ahora por la Cámara de Diputados, sea convertido en ley a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
