Oyarbide -con la intervención del secretario Carlos Leiva- ordenó que se notificase a los jugadores en sus domicilios registrados en el país y que se hiciese saber a las autoridades de Migraciones que cuando regresen a la Argentina se les deberá comunicar que deben presentarse en los tribunales de Comodoro Py.
En una resolución de seis carillas, el juez hizo referencia a constancias del expediente, entre ellas escuchas telefónicas y documentación falsificada que se había utilizado para los trámites, las que darían cuenta de que los futbolistas estaban al tanto de las maniobras ilegales tendientes a obtener la ciudadanía italiana.
"Al haberse determinado concretamente la falsedad de varios de los documentos en relación con la obtención de la ciudadanía de los aquí mencionados, no pudiéndose descartar atento el estado de autos la presunta intervención de los mismos, cítese a prestar declaración indagatoria", señaló Oyarbide en su resolución.
El expediente ya cuenta con 28 procesados por integrar una asociación ilícita tendiente a falsificar documentación para la obtención de la ciudadanía que les permitiría a los futbolistas gestionar el pasaporte comunitario y no ocupar cupos de extranjero en Europa.
Entre los imputados se encuentra la gestora María Elena Tedaldi, considerada la supuesta "jefa" de esa organización, quien estuvo detenida por orden de Oyarbide y a quien la Cámara Federal le concedió la excarcelación.
El Código penal prevé sanciones de cinco a quince años de prisión para este tipo de delitos.
Oyarbide investiga las ciudadanías italianas de más de doscientos futbolistas y en el expediente aparecen mencionados, entre otros, sus representantes y los gestores encargados de realizar los trámites.
La investigación, en la que Oyarbide fue ratificado por la Cámara Federal, busca determinar si se falsificaron pasaportes italianos para facilitar la venta de los jugadores y si éstos fueron cómplices o víctimas de los supuestos ilícitos.
En septiembre del año pasado, la sala II del tribunal de segunda instancia confirmó los 28 procesamientos sobre una treintena de imputados, entre los que aparecen también contadores y abogados.
