"Llevamos ya tres temporadas con una disposición de emergencia y temporal cuyo vencimiento se estira sin que nadie nunca haya al menos estipulado cuáles son las condiciones necesarias para su levantamiento, y aún mas importante, quién es el responsable de juzgar que dichas condiciones se hayan cumplido", sostiene el escrito.
"La cuestión de la seguridad en los espectáculos deportivos, incluido obvio el fútbol, es exclusiva responsabilidad del Estado. La AFA aquí no debería tener injerencia... Sin embargo, las autoridades, desde hace años, equivocadamente y faltando a sus deberes funcionales, han delegado de hecho muchas cuestiones de seguridad en la AFA. La AFA al entrometerse en estos temas, es la principal responsable de la cuestión", insiste el documento.
La ONG preocupada por la violencia en el fútbol exigió "un urgente control sobre la aplicación de esta reglamentación y sanción a los responsables por las irregularidades que existieran o en su defecto la derogación de la misma".
Además, presentó documentación que demuestra que las restricciones se cumplen sólo parcialmente, ya que se producen excepciones "en lo que a los eternos privilegiados de siempre respecta", generando "irregularidades y situaciones de trato desigual en el fútbol del ascenso".