La investigación, que estuvo a cargo de la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, se inició en el 2002 a partir de la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios, al parecer a fundaciones "inexistentes o fantasmas", por unos 120.000 pesos.
El sobreseimiento al que arribaron los jueces Horacio Nardo, Isabel Martiarena y Carmen Palacios se fundó en una resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia -órgano auditor- referida a los subsidios otorgados durante el 2000 por los entonces senadores a entidades sin fines de lucro, de la que surge que no hubo perjuicio económico al Estado.
El tribunal entendió que no hubo "fraude en perjuicio de la administración pública" y que tampoco se cometió delito.
No obstante, desde el tribunal se indicó que "la normativa de control aplicable incurre en omisiones que devienen en un excesivo margen de discrecionalidad en favor del funcionario facultado para otorgar subsidios y que, consecuentemente, menoscaban la función de control a cargo de los organismos pertinentes".
El TOC5 consideró que si bien no pudo acreditarse el delito denunciado, "los agentes que integran la organización estatal están sujetos a ciertos deberes éticos en el ejercicio de sus funciones que exceden el mero cumplimiento formal de la legalidad vigente".
