El beneficio anunciado en octubre por la presidenta Cristina Fernández consiste en 180 pesos mensuales, de los cuales se perciben 144 y el resto se acumula hasta fin de año hasta que los padres presentan los certificados de escolaridad.
El planteo de la consultora dirigida por Ernesto Kritz es que sin mediar ninguna rebaja nominal en los gastos sociales y sin que se produzcan aumentos en el gasto, la inflación terminará por desdibujar los beneficios del programa.
"Es probable que el ritmo de incremento de la canasta básica de alimentos se modere en los próximos meses. Pero en la hipótesis optimista que de aquí a fin de año el alza sea de 1,5 por ciento mensual, la mejora del ingreso de la familia tipo por la asignación universal para sus hijos se habrá diluido totalmente", sostiene el informe.
También señala que "la proporción de la canasta básica que permite comprar esta transferencia pública, habrá acumulado una caída de 10 puntos" y aclara que tal efecto se producirá "sin que haya recorte alguno del presupuesto social".
El informe se destaca que "para la familia tipo en situación de vulnerabilidad social, la proporción de la canasta básica de alimentos que permite comprar la asignación por hijos, disminuyó de 37,2 por ciento en noviembre, a 31,2 en febrero".
"Estos 6 puntos pueden retrotraer al hogar a un estado de privación sin que haya habido ningún recorte del gasto de este programa social", dice el estudio privado.
SEL señala que "no es necesariamente cierto" que manteniendo el gasto "se evita el ajuste social".
"Con inflación, especialmente de los precios de los alimentos básicos, las políticas públicas de transferencias de ingresos no son suficientes, sea porque los montos son fijos, o porque los eventuales reajustes siempre son con rezago y difíciles de financiar sin generar desequilibrios fiscales adicionales", indica el trabajo.
