Los abogados Enrique Piragini y Carlos Tórtora, que días atrás denunciaron a la Presidenta por reasignar 144 millones de pesos para el programa "Fútbol para todos", presentaron el pedido de medida cautelar "para impedir que sigan consumándose conductas abusivas por parte del Poder Ejecutivo Nacional".
La solicitud quedó radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de Esteban Furnari.
Según los letrados, el Gobierno "pretende burlar mecanismos legales" con el decreto de necesidad y urgencia "sustituyendo el de creación del Fondo del Bicentenario, sin que puedan darse las razones de necesidad y urgencia que posibiliten su dictado".
Por ello solicitaron "una medida cautelar que impida la transferencia de dichos fondos a la cuenta del Tesoro Nacional, y de haberse consumado, se bloqueen dichos fondos manteniéndolos indisponibles hasta que se los revierta a la cuenta de origen".
A la vez, solicitaron que se investigue si la presidenta Fernández y la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, incurrieron en "abuso de autoridad y desvío de poder".
Por su parte, el abogado Ricardo Monner Sans hizo la denuncia penal por supuesto incumplimiento en el juzgado federal de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan.
"Con el dictado de los decretos 297 y 298 -jurídicamente nulos (artículos 7 y 14 de la Ley 19.549 y concordantes)- se ha recurrido a una prohibida vía de hecho para manotear con oblicuidad las reservas del Banco Central de la República Argentina, eludiendo al Congreso Nacional", dijo el denunciante.
Y señaló que "la vía de hecho (...) quiso perfeccionarse con recurrir -como lo hiciera esta Presidenta en otra oportunidad- a hacer publicar normas fuera del horario habitual del Boletín Oficial" así como, prosiguió, "recurrir a la política del hecho consumado, para evitar todo control de constitucionalidad".
Monner Sans remarcó "la intensa colaboración de la nueva conducción del Banco Central de la República Argentina, encabezada por Mercedes Marcó del Pont" en la maniobra y solicitó el allanamiento del BCRA así como requerir en Presidencia los expedientes administrativos previos al dictado de los decretos.
En tanto, el PRO y la Coalición Cívica (CC) presentarán mañana en la Corte Suprema un recurso contra el nuevo DNU.
"En la Corte vamos a plantear la extraña decisión del Poder Ejecutivo de interponer un recurso extraordinario y a la semana dictar un decreto derogando el original cuya legitimidad defendía", explicó a DyN el diputado de la CC Juan Carlos Vega.
Además de acudir a la Corte, los legisladores harán una presentación en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal donde se tramita la causa que en diciembre pasado iniciaron contra el FOBI. Allí presentarán "la figura de los hechos nuevos", dijo, y afirmó que "los decretos sancionados por la Presidenta ayer son transformaciones jurídicas de la misma decisión anterior".
El máximo tribunal no resolvió la apelación aunque las fuentes sostuvieron que el tema fue charlado durante la reunión de acuerdo de hoy. La Corte tiene la causa de diciembre por la cual con tres fallos la Justicia congeló el uso de los fondos y en el último aceptó que el caso llegue al máximo tribunal para que decida si el DNU es válido o no.
Para varios constitucionalistas la causa se volvió abstracta pues el decreto fue derogado y no hay medida para discutir.
