La medida fue promovida por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), en un recurso de amparo que presentó ante la justicia porteña el 22 de febrero.
La magistrada consideró que las armas, modelo Taser, "no resultan razonables para ofrecerle seguridad a la población", informaron fuentes judiciales.
En ese sentido, manifestaron que "ante los dos bienes jurídicos en juego, la seguridad por un lado y la salud y la vida de la población por el otro, debe priorizarse lo último".
Tras la confirmación de la decisión judicial, la Policía Metropolitana informó que "respeta la decisión de la Justicia en cuanto a la suspensión provisoria de la utilización de las pistolas Taser X26".
Sin embargo, aclaró que la resolución judicial "prohíbe el uso de armas que esta fuerza aún no tiene en su poder, y que en otras policías de Argentina sí son utilizadas y con éxito".
En este sentido, la Policía comunal indicó que "al día de la fecha las cinco armas Taser X26 están en proceso de adquisición por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cuál no se estima fundamentada la exigencia de suspender su uso".
"La Policía Metropolitana considera que la utilización criteriosa bajo circunstancias puntuales y por personal debidamente entrenado -tomando en cuenta recomendaciones a nivel internacional- disminuye considerablemente el uso de armas que si ocasionan la muerte", se indicó.