El 22 de enero la CNDC, que depende del secretario de Comercio, Guillermo Moreno anunció que suspendería los futuros aumentos porque suponía que existía "colusión", es decir un pacto de cartelización de precios concertados entre las empresas para provocar daño a los clientes, por lo que inició una investigación sobre las mismas.
Según fuentes del sector, la pretensión oficial sería la de asimilar la televisión paga a un servicio público, para poder incidir así en la fijación de las tarifas.
La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) rechazó la medida y señaló que son los operadores quienes establecen sus políticas comerciales "de manera individual, que los ajustes se realizan tiempos y porcentajes diferentes y que los costos de la industria habían sido muy superiores a los aumentos anunciados por las empresas del sector".
A la fecha de la Resolución, varias empresas de cable ya habían distribuido las facturas con el aumento.
En general, las empresas de TV paga apelaron la misma ante la Justicia y sostienen que será ésta "la que en definitiva determinará la vigencia o no del aumento cobrado en febrero".
