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Simulaban accidentes de tránsito para ganarle juicios a las aseguradoras

La policía detuvo a lon cuatro, en el vehículo encontraron contactos de médicos, recetas y denuncias de siniestros. Desde enero del 2006 llevaban adelante una causa penal por un supuesto atropello a un transeúnte en Boulogne, reclamaban por el un resarcimiento de 335 mil pesos.
El juez de instrucción Pablo Ormaechea elevó a juicio oral y público una causa contra una supuesta "banda de rompehuesos", que lesionaba a indigentes para fraguar accidentes de tránsito y cobrar de esa manera grandes indemnizaciones tras los respectivos juicios civiles.

Según la acusación del fiscal Joaquín Rovira, los cuatro acusados -uno de ellos detenido; el presunto líder, un abogado- "intentaron inducir a error al titular del juzgado civil número 37 a efectos de que condenara a una compañía de seguros a abonar una suma de dinero por daños y perjuicios ocasionados en un accidente que en realidad no había ocurrido".

La documentación a la que accedió describe que el 19 de julio de 2006 un asegurado "realizó una denuncia en la compañía afirmando falsamente que en esa fecha, en la intersección de Ruta 8 y Avenida Márquez, había atropellado" a un transeúnte, quien habría sufrido fracturas en ambas piernas. Por ese hecho, iniciaron una causa civil, en la que reclamaron un resarcimiento de 335 mil pesos.

Pero una investigación interna de la aseguradora, a raíz de que le resultó "llamativo que no hubiese intervenido personal policial en un accidente ocurrido en un lugar muy transitado, así como que no se haya realizado ninguna otra denuncia policial o judicialpor las lesiones sufridas por la pretensa víctima", dejó al descubierto la verdad.

La supuesta víctima terminó reconociendo que el accidente no había existido y que las piernas le habían sido fracturadas "en un lugar de Moreno, adonde lo llevaron en un automóvil, previo a anestesiarlo". La investigación judicial obtuvo testimonios sobre un grupo de personas que "se dedican a contactar personas de escasos recursos económicos, en hospitales públicos, para fraguar siniestros y estafar compañías de seguros".

Cuando uno de los presuntos implicados fue detenido por la policía, en su automóvil fueron hallados "tarjetas de médicos y enfermeros, recetas de hospitales públicos, denuncias de siniestros ante compañías de seguros y declaraciones testimoniales vinculadas con accidentes automovilísticos".

Los cuatro fueron procesados por el delito de "estafa procesal en grado de tentativa", un delito que tiene prevista una pena máxima de tres años de cárcel.

El caso parece ser sólo uno de una cantidad indeterminada, ya que se desprende de la acusación fiscal que los imputados están "vinculados con hechos de similares características", lo que se ve robustecido en que cuando la presunta víctima recibió la propuesta para fingir el hecho sus contertulios "estaban conversando sobre otros accidentes vehiculares" de similar naturaleza.

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