El documento sostiene que las políticas de protección no cumplen con los estándares de vida digna, porque “solo quienes han accedido a una tutela judicial han podido alcanzar algún grado de protección”.
Con respecto a la urbanización de las villas de emergencia se acusa al Ejecutivo porteño no cumplir con el acatamiento constitucional de “resolver el déficit habitacional, de infraestructura y servicios”.
En materia de seguridad se señaló la negligencia en esta materia formando agentes para la Policía Metropolitana “para la guerra y no para el delito urbano”, y de “promover la mano dura con acciones de inteligencia ilegal”, como son las escuchas telefónicas y las persecuciones.
Se marcó también la precarización de la educación pública apuntando a la discriminación de asignación de recursos entre las diferentes instituciones, en la que se cita como ejemplo que el colegio de Flores Ana María Janer percibió 850 mil pesos, mientras que la ORT recibió un millón 500 mil pesos. “El derecho a la educación no se ha garantizado para los sectores más vulnerables de la Ciudad”, fundamenta el informe.
También se detalla que la brecha entre la zona norte respecto de la sur se profundiza “estigmatizando a la zona sur como marginal, pasible de desalojos violentos mientras que el norte se beneficia con los servicios de bacheo y arreglo “cosmético del espacio público”.
En la Ciudad de Buenos Aires, expresa el documento, “el 7% de la población vive en condiciones de hacinamiento y más del 10% de ellos tiene una tendencia precaria”. Se señala, por otra parte, que el Ejecutivo para el presupuesto 2010 el rubro “vivienda” será un 33% menor respecto a 2009.
Ante la situación planteada por el informe que se presentó en el Foro Gandhi, la Jueza Elena Liberatori señaló que “en la Ciudad de Buenos Aires hoy el derecho del ciudadano está pintado, y se busca sistemáticamente menguar la participación ciudadana”.
