Julio Castro, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil. Remarcó que “estamos en presencia de una nena que es menor de edad violada, con un retraso mental, y que además tiene una madre que no estaría en condiciones de hacerse cargo de ella y cuidarla adecuadamente. Es el caso justo que enmarca la excepción en el Código Penal. Si además hay un dictamen de los médicos y los profesionales que la atienden que evaluó el caso, podemos decir que si la chica continuaba su embarazo, poníamos en riesgo a alguien incapaz de hacerse cargo de un hijo. Lo importante a tener en cuenta son las condiciones en las que se encuentra la chica. Es un caso muy especial que deriva a la situación excepcional que el código establece para un aborto no punible. Ya la Corte Suprema dio alguna muestras al respecto y creo que en esta situación en particular hay que llamar a la intervención”.
Augusto Diez Ojeda Juez de la Cámara de Ejecución Penal de San Martín, opinó que “dándose las condiciones de la ley, hay que cumplirla en la medida en que el comité científico haya dado la aprobación. Y aquí ese fue el caso. Actuar de otro modo sería casi un abandono, sería dejarle el problema al menor, con consecuencias serias. Este es un caso especial que está enmarcado dentro de la ley y es independiente de lo que cualquier precepto religioso plantee. Aunque esas ideas son muy respetables, el tema aquí está en otro marco, que es el legal”.
Según distintos especialistas, la realización de un aborto terapéutico estaría amparada por la ley ya que la nena no sólo es menor de 13 años, sino también discapacitada y porque el feto aún no llegó al tercer mes. La causa penal está a cargo del fiscal Jorge Strauss, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Tigre. La causa penal está a cargo del fiscal Jorge Strauss, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 de Tigre, quien mostró su pleno apoyo a la decisión tomada por los médicos del hospital.
Agustina es una chica de 10 años que se encuentra internada en el Hospital Materno Infantil Florencio Escardó de Tigre, donde se decidió interrumpir su gestación. La Ley Nacional que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y procreación Responsable y la Ley de Protección contra la Violencia familiar y el Embarazo reglamentan este tipo de interrupciones de la gestación y los protocolos que se deben seguir, ya que “no es punible una interrupción de embarazo practicada por un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta, siempre que evite riesgos para la vida o la salud de la madre, o si proviene de una violación a una persona con capacidades mentales disminuídas. El padrastro, autor de la violación todavía se encuentra prófugo de la Justicia.
